Periodista guatemalteco recupera libertad parcial tras prolongado encarcelamiento
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha manifestado su satisfacción por la concesión de arresto domiciliario al periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, quien permaneció privado de libertad durante más de tres años en un proceso judicial ampliamente cuestionado por organizaciones internacionales de derechos humanos y libertad de prensa.
Un caso emblemático de criminalización del periodismo
Zamora, de 69 años y fundador del desaparecido diario elPeriódico, recuperó su libertad el 12 de febrero tras más de 1.295 días de detención arbitraria, aunque con restricciones significativas. La medida judicial le obliga a presentarse cada quince días ante el Ministerio Público y le prohíbe abandonar el territorio guatemalteco mientras enfrenta otros dos procesos penales por supuesto lavado de dinero y conspiración para obstrucción de la justicia.
La SIP emitió un comunicado donde considera que esta excarcelación "constituye un paso necesario, aunque insuficiente, mientras persistan acciones judiciales y políticas que continúen amenazando el ejercicio libre e independiente del periodismo en Guatemala". La organización destacó que el encarcelamiento de Zamora representó durante años un mensaje intimidatorio para periodistas y medios que investigan corrupción y abusos de poder.
Reconocimiento internacional y denuncias de violaciones
El periodista, quien en 2024 recibió en Colombia el prestigioso Premio Gabo a la Excelencia Periodística, ha denunciado ante la SIP haber sido sometido a violaciones flagrantes y torturas de índole psicológica y física durante su encarcelamiento. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado estas alegaciones, y en 2024 un equipo internacional de abogados instó al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura a tomar medidas urgentes para proteger y asegurar la liberación del comunicador.
Pierre Manigault, presidente de la SIP, señaló que "la liberación de Zamora representa un avance en la restitución de sus derechos fundamentales, pero no repara el daño causado por una persecución prolongada que buscó silenciar una voz incómoda para el poder". Manigault, quien también preside el grupo Evening Post Publishing Inc. con sede en Charleston, Carolina del Sur, calificó este caso como "uno de los más emblemáticos de criminalización del periodismo en la región".
Antecedentes del caso y consecuencias para el periodismo
Zamora fue detenido inicialmente el 29 de julio de 2022 acusado de supuesto lavado de dinero, en un caso que amplios sectores nacionales e internacionales consideran una represalia directa por las investigaciones de elPeriódico sobre actos de corrupción durante la presidencia de Alejandro Giammattei y por su cobertura de redes de poder y crimen organizado. En 2023 recibió una condena de seis años de prisión que posteriormente fue revocada, ordenándose un nuevo juicio.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, sostuvo que "ningún periodista debe ser sometido a procesos penales como castigo por investigar y publicar información de interés público". Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana, instó a las autoridades guatemaltecas a "poner fin a toda forma de hostigamiento judicial contra Zamora, garantizar su integridad y asegurar condiciones que permitan el ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa en el país".
Impacto en el panorama mediático guatemalteco
Como consecuencia directa de la presión judicial, política y económica ejercida contra Zamora y su medio, elPeriódico se vio forzado a cesar operaciones el 15 de mayo de 2023, privando a la sociedad guatemalteca de uno de sus principales referentes del periodismo de investigación. Este cierre representa una pérdida significativa para el ecosistema mediático del país centroamericano y para la vigilancia ciudadana sobre el poder.
El caso de José Rubén Zamora continúa siendo monitoreado por organizaciones internacionales de derechos humanos y libertad de prensa, quienes mantienen su exigencia de que se garanticen todas las garantías procesales y se respete plenamente su derecho a ejercer el periodismo sin represalias ni hostigamientos judiciales.
