Jorge Rodríguez establece fecha límite para excarcelación de presos políticos en Venezuela
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este lunes que el gobierno interino liderado por su hermana, Delcy Rodríguez, tiene previsto liberar a todos los presos políticos del país a más tardar el viernes 13 de febrero. La declaración se produjo durante un encuentro con familiares de detenidos frente al centro de detención Zona 7 en Caracas.
Un compromiso concreto y plazos definidos
"Esperamos que entre el próximo martes y a más tardar el viernes todos estén libres", afirmó Rodríguez, quien también es director de campaña del derrocado presidente Nicolás Maduro. El funcionario presentó esta medida como un paso para corregir abusos cometidos durante los años de control chavista, asegurando que "vamos a reparar todos los errores" en referencia a prácticas desarrolladas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Las declaraciones ocurrieron en un contexto político significativo:
- Un día después de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad, en primera discusión, un proyecto de ley de amnistía
- La propuesta legislativa debe ser sometida a una segunda y definitiva votación
- Dicha votación fue aplazada sin nueva fecha aparente según se conoció el lunes 9 de febrero
Alcances y limitaciones del proyecto de amnistía
La iniciativa busca absolver a personas acusadas o condenadas por delitos relacionados con su actividad política o participación en protestas, un patrón recurrente durante el gobierno de Maduro cuando disidentes fueron procesados por cargos como:
- Traición
- Terrorismo
- Incitación al odio
Rodríguez aseguró que, una vez promulgada la ley, las liberaciones se producirán de inmediato: "Tan pronto como se apruebe la ley, también serán liberados el mismo día". Sin embargo, el texto legal establece límites claros: no aplicará a delitos como asesinato, violaciones graves de derechos humanos o hechos de corrupción.
Beneficios adicionales y beneficiarios potenciales
Además de las excarcelaciones, el proyecto contempla el levantamiento de inhabilitaciones políticas que han impedido a dirigentes opositores competir por cargos públicos. Entre los beneficiarios potenciales se encuentra María Corina Machado, la figura más reconocida de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de Paz.
Rodríguez, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, aseguró además que el Estado asumirá la responsabilidad por abusos del pasado, marcando un cambio significativo en el discurso oficial sobre las prácticas represivas del régimen chavista.
Escepticismo y cifras contradictorias
Pese al anuncio, el escepticismo persiste entre observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos. El régimen venezolano ha sido acusado durante años de represión sistemática de la disidencia política, mediante:
- Detenciones arbitrarias
- Torturas
- Ejecuciones extrajudiciales
Mientras las autoridades aseguran haber liberado ya a unos 900 presos políticos, organizaciones independientes cuestionan esas cifras. Foro Penal, una de las principales ONG que monitorean la situación, registra un número significativamente menor:
- Aproximadamente 383 liberaciones confirmadas
- Casi 680 personas que continuarían encarceladas por razones políticas
Esta discrepancia en las cifras refleja la profunda desconfianza que existe hacia las declaraciones oficiales del gobierno venezolano, incluso bajo la nueva administración interina.
Contexto político y perspectivas futuras
El anuncio se produce a un mes de la caída de Nicolás Maduro, generando interrogantes sobre los cambios reales en la situación venezolana. La promesa de liberación masiva representa uno de los primeros gestos concretos del gobierno interino hacia la reconciliación nacional, aunque su implementación completa y transparente será crucial para evaluar su verdadero impacto.
La situación sigue siendo monitorizada de cerca por la comunidad internacional, especialmente considerando el historial de represión política en Venezuela y las promesas incumplidas de gobiernos anteriores en materia de derechos humanos y libertades políticas.
