Polémica en Ecuador por restricciones de las Fuerzas Armadas al ejercicio de la prensa
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador ha emitido una serie de directrices que regulan la forma en que los medios de comunicación deben realizar las coberturas informativas sobre la institución militar. Esta decisión, que guarda similitudes con medidas adoptadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a finales del año pasado, ha despertado una ola de críticas entre periodistas y organizaciones civiles, quienes denuncian un intento de control sobre el flujo de información.
Un sistema de calificación controvertido
La existencia de esta nueva normativa se hizo pública a través de la cadena Ecuavisa, afiliada de CNN. Según los documentos técnicos a los que se tuvo acceso, la cúpula militar pretende gestionar las acreditaciones basándose en criterios que evalúan la postura de cada medio respecto al rol de la institución armada. "Desde este 28 de enero quienes, a su juicio, afecten su imagen pública y la confianza ciudadana quedan excluidos de toda cobertura", reportó Ecuavisa durante su informativo.
Los lineamientos introducen un complejo procedimiento interno de evaluación que clasifica a los medios y comunicadores mediante una escala de puntajes. Este sistema determina quiénes son considerados aptos para asistir a eventos oficiales bajo las siguientes categorías:
- Medios con menos de 60 puntos: clasificados como "no apto para acreditación".
- Medios entre 60 y 79 puntos: definidos como "medio apto condicionado".
- Medios entre 80 y 100 puntos: catalogados como "medio apto o afín".
Para asignar estos valores, los militares analizarán aspectos como el tratamiento informativo histórico dado a la institución, la conducta profesional y la línea editorial. El documento instruye específicamente evitar el registro de periodistas que mantengan una posición considerada perjudicial para los valores institucionales, aunque no detalla los parámetros objetivos para dicha calificación.
La postura oficial y el contexto de seguridad
Tras la filtración de los documentos, el Comando Conjunto emitió un comunicado confirmando su validez, aunque rechazó que el objetivo sea restringir el trabajo periodístico. Según la institución, estas reglas buscan planificar y garantizar que la labor informativa sea segura y oportuna durante sus eventos oficiales.
Por su parte, el Ministerio de Defensa señaló que las Fuerzas Armadas son una institución apolítica y que, debido al conflicto interno armado declarado desde enero de 2024, poseen la facultad de emitir sus propios lineamientos de comunicación. No obstante, desde el sector periodístico se vincula esta medida con investigaciones recientes sobre presuntas irregularidades en contratos militares.
Ecuavisa sugirió que las restricciones surgieron tras sus reportajes sobre un radar de última generación que permanece guardado en España pese a un millonario contrato. Sobre este tema, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, declaró a mediados de enero que la obra estaba en espera por problemas geológicos y climáticos, cuestionando que se pusiera en duda la lucha contra el narcotráfico.
Reacciones frente a la libertad de prensa
La organización Fundamedios ha calificado estas disposiciones como un "inaceptable estado de censura previa" que vulnera principios constitucionales y democráticos. La ONG alertó a la comunidad internacional sobre lo que considera un ataque estructural contra la libertad de prensa en el país.
En este escenario, comunicadores con amplia trayectoria en el área de seguridad han denunciado exclusiones previas. Paúl Romero, periodista de Ecuavisa, afirmó a través de sus redes sociales: "Nunca he sido ni seré instrumento de propaganda oficial", tras publicar imágenes de los nuevos reglamentos.
Estas medidas en Ecuador resuenan con lo ocurrido en el Pentágono estadounidense, donde recientemente se estableció que los periodistas no pueden publicar cierta información sin autorización previa, lo que motivó que varios reporteros renunciaran a sus acreditaciones en señal de protesta.
La polémica continúa creciendo mientras diversas agremiaciones y medios de comunicación preparan acciones para defender la libertad de prensa en el país sudamericano, en un contexto donde la transparencia informativa se vuelve cada vez más crucial para la democracia.
