Senadora Sandra Ramírez rompe silencio frente a graves acusaciones de violencia sexual
La senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, ha emitido una declaración contundente frente a las graves acusaciones de violencia y abuso sexual que pesan en su contra, relacionadas con hechos ocurridos durante su permanencia en las antiguas Farc. La congresista negó categóricamente su responsabilidad individual en estos delitos y manifestó su disposición a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) si es requerida.
Separación entre responsabilidad colectiva e individual
Ramírez fue enfática al establecer una clara diferencia entre su rol dentro de la estructura guerrillera y las denuncias personales presentadas recientemente ante el tribunal de paz. "A Colombia y a todo el mundo diré que nunca he cometido los delitos de los que me acusan", afirmó la senadora durante su intervención pública.
La exguerrillera y expareja sentimental del máximo comandante de las Farc subrayó que una cosa es la responsabilidad colectiva de la organización y otra muy distinta señalarla a ella directamente. Pese a su negativa rotunda, aseguró que no evadirá la justicia y que acudirá con "muchísimo gusto" si la JEP la requiere formalmente.
Voluntad de reconciliación y controversia legislativa
En un gesto hacia la reconciliación, Ramírez reiteró su voluntad de pedir perdón "un millón de veces" si es necesario por los hechos dolorosos del conflicto armado. Reveló además que varias firmantes del Acuerdo de Paz ya han solicitado formalmente ser escuchadas por la magistratura especial.
La controversia no se limita a su pasado, sino que se extiende a su presente legislativo. Su reciente elección como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha desatado fuertes críticas en diversos sectores políticos, que consideran "contradictorio" que una exguerrillera ocupe dicha dignidad.
Defensa de su designación y respaldo partidista
Frente a estas críticas, Ramírez defendió su designación argumentando que el Acuerdo de Paz le garantiza plenos derechos políticos. Recordó su trayectoria de ocho años en el Congreso, donde ya ejerció como segunda vicepresidenta del Senado anteriormente. "Mis colegas conocen perfectamente cuál ha sido mi trabajo en este escenario", señaló la senadora.
Desde el Partido Comunes cerraron filas en torno a la senadora, advirtiendo que, como firmantes de paz, sus integrantes tienen la legitimidad para integrar cualquier mesa directiva. Para el partido, impedir estas designaciones significaría vulnerar lo pactado en La Habana tras el Acuerdo de Paz de 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos.
La situación se complica adicionalmente por el futuro incierto del Partido Comunes en el Congreso, tras no lograr el suficiente apoyo electoral. Mientras tanto, las víctimas del conflicto armado continúan esperando respuestas concretas sobre estos delicados asuntos que involucran a actores del proceso de paz.
