ONU expone crisis de impunidad en asesinatos de líderes sociales colombianos
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha emitido un informe contundente que revela una situación de extrema gravedad: solo el 6% de los asesinatos contra líderes sociales registrados desde 2022 cuenta con sentencia condenatoria. Este documento de 37 páginas presenta una radiografía desoladora sobre la persecución, muerte e impunidad que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Colombia, un fenómeno que se ha consolidado como estructural y persistente durante la última década.
Una década de violencia sistemática
Entre 2016 y 2025, la ONU documentó 972 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, con una distribución que incluye 843 hombres, 112 mujeres y 17 personas LGTBI+. Las cifras muestran una evolución preocupante: desde 61 casos en 2016 se escaló a 115 en 2018, manteniéndose alrededor de 100 casos anuales entre 2019 y 2021. El punto más crítico se alcanzó en 2022 con 117 homicidios verificados, marcando el nivel máximo de violencia en este periodo.
El informe destaca que, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, se evidenció un aumento progresivo de los homicidios, especialmente en territorios abandonados por las antiguas FARC, donde la presencia estatal ha resultado insuficiente para garantizar protección y promover desarrollo equitativo.
Avances limitados frente a impunidad generalizada
La Fiscalía, a través de la Unidad Especial de Investigación, ha implementado un modelo que prioriza como primera hipótesis el trabajo de defensa de derechos humanos de las víctimas. Bajo este enfoque se han logrado avances significativos en casos emblemáticos, como la investigación del homicidio de Phanor Guazaquillo, líder indígena del pueblo Nasa baleado en 2023, donde se solicitaron 10 órdenes de captura.
Otro logro destacable fue la imputación del 10 de diciembre pasado contra miembros de las disidencias del Estado Mayor Central por el delito de genocidio contra el Pueblo Nasa. Esta investigación documentó 32 hechos delictivos entre 2022 y 2025, con 43 víctimas que incluyen 16 comuneros, 14 líderes indígenas, 8 firmantes de paz y 5 sabedores ancestrales.
Sin embargo, estos avances contrastan dramáticamente con los niveles generales de impunidad. Entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 se investigaron 800 casos de homicidios, de los cuales:
- Solo 55 tienen sentencia (6.87%)
- 92 están en juicio
- 87 en investigación
- 114 con orden de captura
- 442 en indagación
Además, en aproximadamente el 55% de los casos no se ha identificado un responsable. La distribución de responsabilidades en las sentencias muestra que el 49% involucra a grupos armados no estatales, el 9% a organizaciones criminales y el 58% a particulares.
Desigualdades territoriales en la justicia
El informe revela profundas disparidades regionales en las tasas de judicialización. Mientras Cundinamarca y Caldas presentan tasas del 53%, y Santander del 31%, las regiones con mayor número de casos muestran porcentajes alarmantemente bajos:
- Cauca: 13.4%
- Nariño: 10%
- Arauca: 4.3%
- Chocó: 15%
- Putumayo: 5%
Recomendaciones urgentes de la ONU
El organismo internacional formuló una serie de recomendaciones específicas dirigidas a las principales instituciones colombianas:
Para la Fiscalía:
- Robustecer la Unidad Especial de Investigación y el Grupo de Trabajo de Amenazas
- Priorizar investigaciones sobre agresiones contra líderes sociales
- Avanzar en la investigación de patrones, estructuras criminales y determinadores
- Fortalecer unidades especializadas regionales con enfoques territorial, étnico y de género
- Dotar de equipos interdisciplinarios que trabajen coordinadamente con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y autoridades locales
Para el Gobierno Nacional:
- Adoptar e implementar efectivamente la Política Nacional de Garantías para Personas Defensoras de Derechos Humanos
- Asegurar financiación suficiente, indicadores de resultado y mecanismos participativos de seguimiento
- Combatir la estigmatización mediante decreto presidencial
- Incorporar el compromiso con la protección de la vida de personas defensoras en el Plan Nacional de Desarrollo
- Diseñar y desarrollar campañas públicas contra la estigmatización
- Continuar con la implementación de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso CAJAR
Para el Congreso:
La ONU insta a avanzar en la discusión y aprobación de una ley estatutaria que reconozca el derecho a defender derechos humanos y establezca garantías para quienes ejercen esta labor. Además, asegurar que en el marco legal que regula transferencias y competencias se adopten medidas para garantizar que las entidades municipales de categoría sexta y quinta cuenten con recursos necesarios y capacidad administrativa para ejercer su responsabilidad como primeros respondientes.
Para la Procuraduría:
Reforzar los mecanismos de control disciplinario ante posibles omisiones institucionales, particularmente en el nivel territorial. En coordinación con la Defensoría del Pueblo, se plantea la necesidad de fortalecer procesos de prevención, seguimiento y sanción, consolidando un sistema de responsabilidad institucional que genere incentivos reales para proteger a las personas defensoras.
Este informe de la ONU constituye una alerta roja sobre la crisis de protección a líderes sociales en Colombia, destacando la urgencia de acciones coordinadas y efectivas para romper los ciclos de violencia e impunidad que han caracterizado esta problemática durante más de una década.
