Cambio en altos cargos judiciales de Venezuela
El parlamento venezolano, conocido como Asamblea Nacional, aprobó este miércoles 25 de febrero de 2026 designar a Tarek Saab como Defensor del Pueblo encargado, un movimiento que se produce minutos después de que se anunciara su renuncia al cargo de fiscal general del país. Esta decisión parlamentaria ocurre en un contexto donde diversas organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo una renovación profunda en los poderes judiciales venezolanos.
Reestructuración en la Fiscalía General
Paralelamente a la designación de Saab, la Asamblea Nacional determinó que el abogado Larry Devoe asumirá de forma temporal el liderazgo de la Fiscalía General. Devoe, quien actualmente se desempeña como asesor jurídico del Ministerio del Despacho de la Presidencia, es considerado un colaborador cercano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La propuesta para su nombramiento fue presentada por Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina.
Durante la misma sesión legislativa, fue leída ante los diputados la carta de renuncia de Alfredo Ruiz como jefe de la Defensoría del Pueblo, completando así una reestructuración significativa en estos organismos clave del Estado venezolano.
Procedimientos posteriores y críticas internacionales
De acuerdo con las normas venezolanas, la Asamblea Nacional deberá ahora conformar un comité de evaluación de postulaciones para la designación definitiva tanto del fiscal general como del Defensor del Pueblo. Este comité tendrá un plazo de 30 días para evaluar candidatos y proceder a la elección final entre las distintas opciones presentadas.
La designación de Saab ha generado reacciones inmediatas desde organizaciones internacionales de derechos humanos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, declaró que "Su renuncia como fiscal general es prometedora, pero su designación como defensor del pueblo es una bofetada a las víctimas". Goebertus añadió que "Una reforma significativa requiere el nombramiento de un nuevo fiscal general que sea independiente, deje de perseguir a la disidencia y se comprometa a garantizar la liberación y amnistía de todos los presos políticos".
Perfil y trayectoria de Tarek Saab
Tarek Saab, abogado de 63 años que ocupaba la jefatura del Ministerio Público desde 2017, es una figura controversial en el panorama judicial venezolano. Durante su extenso mandato como fiscal general, insistió repetidamente en que en Venezuela no existen presos políticos, afirmando en una reciente entrevista con Reuters que hay personas detenidas por "utilizar la política al margen de lo que implica la Constitución y la Ley".
Entre los aspectos más destacados de su gestión se encuentran:
- Dirigió la respuesta oficial de la Fiscalía a varios escándalos de corrupción, incluyendo casos que involucraban a altas figuras del Gobierno
- Anunció capturas y órdenes de búsqueda contra reconocidas figuras de la oposición y manifestantes
- Su gestión ha sido descrita por algunos activistas de derechos humanos como uno de los períodos más oscuros en la historia judicial de Venezuela
En su carta de renuncia leída en voz alta por Jorge Rodríguez ante los legisladores, Saab afirmó haber cumplido su cargo "con hidalguía y honor en medio de las circunstancias históricas de excepcional desafío para el presente y futuro de nuestra patria". El exfiscal general no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios adicionales sobre su nueva designación.
Contexto legal y expectativas futuras
Saab había expresado recientemente su esperanza de que una ley de amnistía aprobada la semana pasada por los diputados garantice un país "100 por ciento pacificado". Sin embargo, organizaciones de derechos humanos señalan que durante su gestión numerosas personas fueron detenidas injustamente según sus registros y análisis.
El proceso de designación definitiva para ambos cargos ahora entra en una fase crucial, donde el comité de evaluación deberá examinar las postulaciones y la Asamblea Nacional tendrá la responsabilidad de elegir a los titulares permanentes en los próximos 30 días, un plazo que será observado cuidadosamente tanto por actores nacionales como por la comunidad internacional.
