Víctimas del conflicto exigen acciones urgentes contra senadora Sandra Ramírez ante la JEP
Un colectivo de víctimas ha presentado una solicitud formal ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que acelere de manera inmediata la investigación que se adelanta en contra de la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez. La petición se centra en el macrocaso 07, que investiga graves violaciones a los derechos humanos, específicamente por reclutamiento forzado y violencia sexual durante el conflicto armado colombiano.
Carta urgente de la Federación de Víctimas del Terrorismo
La misiva fue enviada este 3 de abril por la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL) directamente a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. En el documento, las víctimas solicitan acciones concretas y decisivas contra la congresista, quien es señalada como presunta máxima responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La urgencia de la solicitud radica en la necesidad de evitar daños irreparables a las víctimas y asegurar la eficacia del sistema de justicia transicional. Las víctimas buscan un reconocimiento de responsabilidad por parte de la senadora, lo cual consideran fundamental para el proceso de reparación y verdad.
Medidas cautelares y protección de testigos
Entre las medidas cautelares solicitadas, se encuentra la privación de la libertad de Sandra Ramírez. El documento destaca que la principal testigo del caso, Deysi Guanaro Guavita, se encuentra en grave peligro. Según la denuncia, ha sido objeto de amenazas reiteradas, persecuciones y hostigamientos que buscan intimidarla y obstruir el proceso judicial.
El texto señala claramente que estas retaliaciones estarían directamente relacionadas con su participación en la investigación contra Ramírez, evidenciando un nexo causal entre el avance del caso y el riesgo para la integridad de la testigo y su núcleo familiar. Las amenazas, según la carta, provendrían también de la Segunda Marquetalia, disidencias de las antiguas FARC.
Argumentos para la privación de libertad
Las víctimas argumentan que la medida de aseguramiento en una cárcel para Ramírez es necesaria, idónea y proporcional para proteger a las víctimas y evitar interferencias indebidas en la obtención de pruebas clave. El riesgo, según sostienen, se extendería incluso a los abogados representantes, lo cual demostraría una clara obstrucción a la justicia.
Críticas a la Unidad de Investigación y Acusación
La carta también contiene fuertes críticas hacia la UIA de la JEP, acusándola de caer en patrones de omisiones sistemáticas en el seguimiento de los comparecientes. Como ejemplo, citan el caso de Kendry Téllez Álvarez, alias “Yaco”, señalado como clave en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el año pasado. Las víctimas sostienen que la falta de control y vigilancia por parte de la JEP facilitó que retomara actividades criminales.
Solicitudes adicionales a la JEP
Las víctimas han formulado varias peticiones específicas a la Jurisdicción Especial para la Paz:
- Utilizar todas las herramientas disponibles para identificar a los responsables de las amenazas contra testigos.
- Neutralizar cualquier intento de intimidación hacia quienes participan en los casos.
- Solicitar informes de inteligencia que permitan establecer la participación de grupos armados en las amenazas.
- Elaborar un informe detallado sobre los comparecientes que han dejado de asistir sistemáticamente a la JEP, posiblemente para vincularse con organizaciones criminales.
Este caso pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema de justicia transicional en Colombia, especialmente en lo relacionado con la protección de víctimas y testigos, así como la necesidad de acciones firmes contra presuntos responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
