Venezuela da un paso histórico con la aprobación de la ley de amnistía para presos políticos
El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una medida trascendental que busca la liberación masiva de personas detenidas por motivos políticos durante los últimos 27 años de gobierno chavista. La normativa fue impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero.
Alcance y condiciones de la ley de amnistía
La ley cubre delitos políticos cometidos desde 1999 hasta 2026, incluyendo protestas emblemáticas como las de 2014, 2017, 2019 y 2024. Se estima que podría beneficiar a cientos de presos políticos con medidas como:
- Excarcelaciones inmediatas
- Devolución de bienes confiscados
- Retorno de exiliados políticos
Sin embargo, la legislación establece exclusiones importantes para crímenes considerados graves, entre los que se encuentran:
- Violaciones de derechos humanos
- Genocidio
- Casos de corrupción
- Delitos relacionados con narcotráfico
Contexto y desarrollo del proceso legislativo
El proyecto de ley fue aprobado en primera discusión hace dos semanas y recibió su aprobación definitiva este jueves en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo. Aunque organizaciones de derechos humanos reportan que ya se han producido liberaciones parciales en el marco de este proceso, aún permanecen detenidas decenas de personas por motivos políticos en el país.
La situación ha generado manifestaciones de familiares, incluyendo huelgas de hambre frente a la Policía Nacional Bolivariana, donde varias mujeres han visto afectado su estado de salud mientras esperan la aplicación efectiva de la amnistía.
Próximos pasos para la implementación
Tras su aprobación parlamentaria, el proyecto de ley fue remitido a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para su promulgación oficial. El siguiente paso crucial será su publicación en la Gaceta Oficial, requisito indispensable para que la normativa entre en vigor y comience a aplicarse de manera efectiva en todo el territorio venezolano.
Esta ley representa uno de los cambios más significativos en la política venezolana de las últimas décadas, marcando un posible punto de inflexión en el tratamiento de los casos políticos que han caracterizado el período chavista desde su inicio en 1999.
