Santander intensifica vigilancia electoral previo a comicios del 8 de marzo
Las autoridades electorales han reforzado significativamente los controles y la vigilancia en los 87 municipios del departamento de Santander, en preparación para la jornada legislativa del próximo 8 de marzo. Este despliegue institucional busca garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral, aplicando estrictamente las disposiciones del Código Penal colombiano que establecen severas sanciones para quienes cometan irregularidades.
Entidades encargadas de la supervisión electoral
La Procuraduría General de la Nación, a través de su Unidad de Vigilancia Electoral (UVEL), y el Consejo Nacional Electoral (CNE) son las instituciones responsables de monitorear el desarrollo de las campañas políticas, investigar posibles irregularidades y aplicar las sanciones correspondientes. Estas entidades trabajan de manera coordinada para prevenir y sancionar conductas que atenten contra la pureza del proceso democrático.
Los 12 delitos electorales más graves y sus consecuencias
1. Perturbación del certamen democrático: Incluye acciones como alterar el orden público, participar en asonadas, robar tarjetones o urnas, portar armas y violar la ley seca. Esta conducta puede acarrear hasta 12 años de prisión, siendo uno de los delitos más severamente castigados en el ordenamiento electoral colombiano.
2. Constreñimiento o fraude al sufragante: Obligar o amenazar a un ciudadano para que vote por determinado candidato está penado con hasta 9 años de cárcel. Las víctimas de esta presión pueden presentar denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
3. Corrupción al sufragante: Prohibición absoluta de otorgar contratos estatales o condicionar beneficios sociales a cambio de votos. Esta conducta aplica tanto para particulares como para funcionarios públicos, con penas de 4 a 8 años de prisión o multas entre 200 y 1.000 salarios mínimos.
4. Voto fraudulento: La suplantación de identidad o el voto múltiple en unas mismas elecciones conlleva sanciones penales y la pérdida de derechos políticos para los infractores.
5. Alteración de resultados electorales: Cualquier intento de modificar actas, formularios de escrutinio o sistemas de información electoral está estrictamente prohibido y puede resultar en duras penas de prisión.
6. Retención y posesión ilícita de cédula: Desaparecer o retener la cédula de ciudadanía para impedir el ejercicio del derecho al voto constituye un delito electoral sancionado penalmente.
7. Fraude a inscripción de cédulas (trashumancia): El trasteo de votos o la inscripción atípica de cédulas en municipios distintos al lugar de residencia está prohibido. Santander ha sido históricamente identificado como uno de los departamentos con mayor riesgo de esta práctica fraudulenta.
8. Tráfico de votos: Se prohíbe la compra de votos mediante dinero, alimentos, materiales de construcción u otros bienes, incluso si se trata de influenciar el voto en blanco o la abstención. Estas situaciones pueden denunciarse ante la Fiscalía y el Ministerio del Interior.
9. Financiación ilícita de campañas: Los aportes provenientes de fuentes ilícitas como el narcotráfico o el lavado de activos están completamente prohibidos. Las campañas que reciban estos recursos enfrentarán investigaciones y sanciones penales y administrativas.
10. Violación de los topes de campaña: Las campañas electorales tienen límites máximos de gasto establecidos por el CNE. Superar estos montos constituye una violación grave que puede acarrear la pérdida de la investidura o el cargo.
11. Omisión de los aportes: Los candidatos están obligados a reportar todos sus aportes en el portal Cuentas Claras. La omisión de esta obligación implica penas de 4 a 8 años de prisión y multas de hasta 1.200 salarios mínimos.
12. Elección ilícita de candidatos: Ningún candidato inhabilitado por decisión judicial o de la Procuraduría puede ser elegido. Los ciudadanos pueden verificar el estado de inhabilidad de los candidatos en las páginas web oficiales de estas entidades.
Importancia de la transparencia electoral
La transparencia en el financiamiento de campañas y el respeto a las normas electorales son condiciones esenciales para la legitimidad de cualquier proceso democrático. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto de manera informada y denuncie cualquier irregularidad que observe durante el desarrollo de las campañas y la jornada electoral.
