Defensoría del Pueblo advierte agravamiento del riesgo electoral en Colombia
El mapa de municipios con nivel de riesgo contra liderazgos sociales y políticos, así como contra votantes en contexto electoral, se ha ampliado significativamente en los últimos cuatro meses, según un informe de seguimiento de la Defensoría del Pueblo a la alerta temprana electoral emitida en octubre pasado.
Aumento preocupante en municipios críticos
El número de regiones que requieren atención inmediata —el nivel más crítico en el semáforo de violencia asociada al ejercicio democrático— aumentó de 62 a 69 municipios. También se incrementó el número de municipios bajo llamado a acción urgente, que pasaron de 162 a 168, y aquellos en acción prioritaria, que subieron de 425 a 433.
Cauca se posiciona como el departamento más crítico, con cinco municipios donde se agravó el riesgo: Puerto Tejada, Balboa, Jambaló, Padilla y Villa Rica. En total, 45 municipios cambiaron su estatus debido a variaciones en las variables analizadas por la Defensoría.
Variables analizadas y hallazgos alarmantes
Las variables se agrupan en dos grandes categorías: la amenaza —que reúne las acciones armadas contra la población civil— y los factores de capacidad y vulnerabilidad institucional, que miden la solidez del Estado para enfrentar esos riesgos.
Frente a la primera categoría, el documento registra 457 casos de amenazas de muerte contra lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral.
"Los grupos armados definen en algunas zonas 'reglas' donde se condiciona el comportamiento electoral de la población. Por ejemplo, en el noroccidente, como en Córdoba y en Antioquia, el 'clan del Golfo' consolida un control hegemónico de baja visibilidad, pero de alta capacidad de regulación social y electoral", aseguró la Defensora del Pueblo.
Respuesta institucional insuficiente
En cuanto a la respuesta institucional, la Defensoría advierte que de las 11 recomendaciones, las acciones del Estado "se limitaron a la respuesta ordinaria". El estudio muestra porcentajes de cumplimiento preocupantes:
- Prevención y protección: 52%
- Investigación y acceso a la justicia: 55%
- Acciones de la fuerza pública para disuadir el contexto de amenaza: 65%
- Articulación interinstitucional: 29%
- Gestiones preventivas del Ministerio Público: 65%
Preocupación por la libertad electoral
"La preocupación central no es la realización de la jornada electoral. La preocupación central es la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país. El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones, que ignore el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados", declaró la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del informe.
Poblaciones en riesgo específico
Sobre la caracterización de la población en riesgo, el Ministerio Público señala:
- Candidatas y candidatos: expuestos a homicidios selectivos, amenazas sistemáticas, estigmatización, restricciones a la movilidad y prohibiciones para adelantar campañas en territorios controlados por grupos armados.
- Aspirantes a circunscripciones especiales: han tenido que someterse a "permisos" para poder movilizarse en los territorios.
- Mujeres en participación política: enfrentan barreras de género para acceder a cargos decisorios.
- Periodistas: "la exacerbación de la opinión pública genera un riesgo para el ejercicio de su labor en el cubrimiento de la contienda electoral".
"Hemos visto vallas en algunos territorios del país; en Cauca, por ejemplo, donde está la imagen de algunos candidatos a la Presidencia de la República, de candidatos de derecha o de oposición al gobierno actual, en la que grupos armados dicen que les es vedado entrar a ese territorio", subrayó la Defensora.
Amenazas adicionales identificadas
El informe también advierte que "las presiones de los grupos armados y la falta de entrega oportuna de anticipos financieros por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) amenazan con anular la representación real de las víctimas".
Esta situación representa un desafío significativo para la democracia colombiana en el contexto electoral actual, requiriendo acciones inmediatas y coordinadas para garantizar elecciones libres y seguras en todo el territorio nacional.
