Alerta en Santander por incumplimiento masivo en reportes financieros de campañas políticas
La transparencia electoral constituye una obligación legal ineludible, un compromiso ético fundamental y una condición absolutamente indispensable para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema democrático colombiano. En nuestro país, uno de los mecanismos centrales para materializar este principio esencial es el registro oportuno y completo de todos los ingresos y gastos de campaña en la plataforma oficial Cuentas Claras, administrada por el Consejo Nacional Electoral.
Seguimiento ciudadano revela cifras alarmantes
Un reciente seguimiento al financiamiento de las campañas para la Cámara de Representantes por Santander, correspondiente a las elecciones del año 2026, realizado por la red santandereana por la transparencia —de la cual forma parte Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos—, ha encendido una señal de alerta que no puede pasar inadvertida bajo ninguna circunstancia. Al corte del 5 de febrero, los datos son contundentes y preocupantes: el 90% de las candidaturas no había reportado información financiera alguna, mientras que un 3,7% adicional presentaba reportes incompletos o parciales.
Solamente un exiguo 6,3% de los aspirantes había cumplido de manera integral con esta obligación legal. Estas cifras no representan un simple rezago administrativo o una demora burocrática; evidencian, de manera clara y preocupante, una débil apropiación de la rendición de cuentas como pilar fundamental de la competencia democrática en la región.
La normativa es clara y obligatoria
La Resolución 10753 de 2025 establece de manera precisa que todas las campañas políticas deben registrar sus movimientos contables, a más tardar, la semana siguiente a la realización de cada operación financiera. No se trata de una simple recomendación ni de un trámite accesorio o secundario; es un deber legal que busca garantizar la legalidad del financiamiento político, prevenir riesgos indebidos de influencia y permitir el ejercicio efectivo del control político junto con la veeduría ciudadana.
Cuando los reportes no se realizan o se presentan de forma parcial e incompleta, se limita directamente el derecho fundamental de la ciudadanía a conocer cómo se financian quienes aspiran a representarla en el Congreso de la República. La falta de información oportuna y veraz debilita significativamente el control social, afecta la equidad en la contienda electoral y abre espacios peligrosos de desconfianza que erosionan progresivamente la legitimidad del proceso democrático.
La transparencia se construye desde el inicio
La transparencia electoral no comienza el día de las elecciones ni se reduce exclusivamente a la publicación de resultados finales. Se construye de manera progresiva desde el inicio mismo de cada campaña política, con reglas claras, información accesible para todos y decisiones responsables por parte de los candidatos. Reportar ingresos y gastos de campaña no es solamente cumplir con la ley; es demostrar coherencia entre el discurso político proclamado y la práctica concreta en el terreno.
Los ejercicios de seguimiento ciudadano y las alertas tempranas cumplen un papel fundamental en este proceso. Por esta razón, de manera periódica y sistemática, cada lunes se presentarán nuevos reportes de seguimiento detallado, con el objetivo específico de visibilizar avances, identificar rezagos persistentes y promover activamente el cumplimiento oportuno de esta obligación legal. Estos ejercicios de vigilancia no buscan señalar ni estigmatizar a individuos particulares, sino advertir sobre riesgos, prevenir irregularidades y fortalecer una cultura política sólida basada en la rendición de cuentas permanente.
Llamado urgente a todos los candidatos
El llamado final es claro y directo: se invita de manera enfática a todas y todos los candidatos a realizar de manera oportuna, completa y transparente el reporte de los ingresos y gastos de sus respectivas campañas políticas. La democracia santandereana y colombiana merece este compromiso básico con la transparencia y la legalidad.