Candidatos al Congreso exponen presión de disidencias y amenazas en plena campaña electoral
En un revelador debate en La Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN, varios aspirantes al Congreso han denunciado que el verdadero temor en las elecciones del 8 de marzo no está en el sistema tecnológico, sino en las regiones donde la presencia de grupos armados condiciona la participación democrática.
La preocupación real está en el territorio
Mientras el gobierno nacional centra la discusión en el software y código fuente del sistema electoral, candidatos que recorren el país aseguran que la fragilidad de la seguridad en los territorios representa la mayor amenaza para el proceso democrático. La candidata al Senado Alba Romero rechazó enfáticamente el mensaje presidencial sobre impugnar mesas electorales:
"El presidente debe ser el líder y no sembrar terror en Colombia. Creo ciegamente en la registraduría y en cada uno de los ejercicios democráticos. El presidente debería estar más preocupado por poner vigilancia y garantías para las personas en el territorio que hoy se sienten asustadas por salir a votar".
Denuncias desde Casanare y Meta
Desde Casanare, el candidato a la Cámara Diego García hizo un llamado urgente a todas las instituciones:
"Hoy Colombia más que nunca requiere garantías y transparencia en el proceso electoral. Necesitamos protección no solo para candidatos y equipos de trabajo, sino para todos los ciudadanos que deben poder votar libremente".
En el Meta, la situación se describe como particularmente delicada. El candidato Milton Carreño explicó:
"En el sur del Meta, donde están las disidencias y hay enfrentamientos, nos estamos viendo afectados porque es la ruralidad la que está allí y la que va a salir a votar. Hemos tenido que reducir la plaza pública en ciertos municipios a solo diez o quince minutos por temor a situaciones adversas".
Extorsión y alineamiento forzado
Carreño detalló la cruda realidad que enfrentan las comunidades:
- Extorsión sistemática a empresarios y ciudadanos
- Secuestros y el llamado "paseo millonario"
- Asesinatos para exigir vacunas (extorsiones)
- Presión para votar por candidatos específicos
"En el sur del Meta se especula que ya están alineando a la gente y exigiendo cómo deben participar y votar. Encontramos una pared de temor cuando queremos llegar con nuestro discurso y propuestas", afirmó el candidato.
Amenazas directas y restricciones de movimiento
La situación más dramática la relató la candidata al Senado Lina Garrido, quien reveló estar amenazada por múltiples grupos armados:
"Estoy amenazada por el ELN y por las disidencias de las FARC. Ni siquiera puedo visitar los seis municipios de mi departamento, solo la capital y el anillo de seguridad. Los campesinos tienen prohibido hablar de mí, colocar publicidad o hacer reuniones".
La candidata describió cómo las amenazas llegan a través de:
- Mensajes de WhatsApp
- Comunicados públicos en medios
- Declaraciones que la señalan como "objetivo militar"
"Este gobierno acabó con la inteligencia de las fuerzas militares y de policía. Los que están ejerciendo autoridad en más de 664 municipios, según la Defensoría del Pueblo, son los grupos armados", denunció Garrido.
Falta de protección institucional
Varios candidatos coincidieron en señalar la ausencia de apoyo gubernamental:
- La Unidad Nacional de Protección ha reducido garantías de seguridad
- No hay acompañamiento efectivo en territorios de alto riesgo
- Los candidatos deben recurrir al autocuidado y herramientas digitales
- Se han registrado más de 400 masacres en el país durante el periodo
El debate electoral se instala así en dos frentes claramente diferenciados: por un lado, la discusión técnica sobre el sistema de votación, y por otro, la realidad territorial donde candidatos y ciudadanos enfrentan presiones, amenazas y restricciones que ponen en riesgo el ejercicio democrático básico de salir a votar libremente.
A pocos días de las elecciones del 8 de marzo, los aspirantes al Congreso insisten en que la tensión real no está en el software electoral, sino en la presión de disidencias, las restricciones en zonas rurales y el temor palpable entre ciudadanos que dudan si podrán ejercer su derecho al voto con plena libertad y seguridad.
