Cartagena y Procuraduría refuerzan lineamientos contra participación indebida en política electoral
Cartagena y Procuraduría refuerzan normas contra injerencia electoral

Cartagena y Procuraduría fortalecen controles contra injerencia electoral

La Alcaldía de Cartagena sostuvo una mesa de trabajo estratégica con la Procuraduría General de la Nación para reforzar los lineamientos frente a la participación indebida en política durante la actual época electoral. El encuentro se realizó en el Palacio de la Aduana y fue liderado por la Procuraduría, con el acompañamiento de su representante regional, Ana Joaquina Petro, y la presencia del alcalde Dumek Turbay junto a su gabinete distrital.

"Paz Electoral" como eje central de la jornada

Durante la reunión se socializaron ampliamente los lineamientos del programa "Paz Electoral", una iniciativa impulsada por el procurador Gregorio Eljach, orientada a garantizar un proceso democrático libre, transparente y respetuoso. Este programa busca que los ciudadanos puedan decidir de manera autónoma si participan en las urnas y por quién ejercer su derecho al voto.

Se destacó que esta estrategia no es exclusiva del ente de control, sino una responsabilidad colectiva de todos los ciudadanos, especialmente en un contexto nacional marcado por la polarización política, donde el diálogo y la construcción de consensos son fundamentales para fortalecer la democracia.

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La Procuraduría enfatizó que el objetivo central es que la democracia no solo se ejerza el día de las elecciones, sino que también se vea fortalecida en las urnas, promoviendo un ambiente electoral sano y libre de presiones indebidas.

Compromisos y lineamientos establecidos para el Distrito

En la mesa de trabajo se subrayó el carácter preventivo de este tipo de jornadas, como un recordatorio claro de lo que está permitido y de lo que no deben hacer los funcionarios públicos durante el periodo electoral.

Entre los principales lineamientos expuestos se recordaron las siguientes prohibiciones:

  • No se puede utilizar el cargo para presionar a funcionarios o colaboradores con el fin de apoyar campañas políticas específicas.
  • Está prohibido usar bienes o recursos públicos para favorecer intereses electorales particulares.
  • No se puede ejercer presión sobre funcionarios de carrera para que participen o respalden campañas políticas.

Asimismo, se explicó detalladamente el alcance del artículo 123 de la Constitución, que define quiénes son servidores públicos, así como el artículo 127, que establece restricciones para la participación política de determinados cargos, condicionado a la ley estatutaria correspondiente.

También se hizo referencia a la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías), el Código General Disciplinario y el Código Penal, normas que contemplan consecuencias disciplinarias y penales en caso de incumplimiento de estos lineamientos.

Firme llamado del alcalde Dumek Turbay a su equipo

Durante su intervención, el alcalde Dumek Turbay reiteró a su equipo la importancia de actuar con responsabilidad institucional y evitar cualquier conducta que pueda interpretarse como participación indebida en política.

"Como funcionarios tenemos un deber con la democracia; y aunque todos seamos ciudadanos con afinidades políticas o familiares, nada es excusa para promover o incentivar que terceros a nuestro cargo voten por quienes queramos, ejerciendo presiones, amenazando o haciendo uso de un poder", afirmó el alcalde Turbay.

Y agregó con firmeza: "Eso es un delito, no solo disciplinario, sino penal, y sus consecuencias se afrontan de carácter individual. Así que espero que este espacio sirva para que apliquen los protocolos necesarios y desactiven cualquier conato de presión electoral en sus dependencias, pues ya hay denuncias al respecto y a la Fiscalía y a los entes de control les hemos dado toda nuestra disposición para que investiguen sin dilaciones u obstáculos."

La jornada concluyó con la reiteración del compromiso del procurador Gregorio Eljach de propiciar un buen ambiente electoral, basado en el respeto institucional, la legalidad y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas, como garantía para la confianza ciudadana y el fortalecimiento continuo de la democracia colombiana.

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