Giro judicial en caso de escolta de la UNP capturado con 145 millones de pesos
Un juez de control de garantías ha declarado ilegal el procedimiento policial contra el escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que fue detenido en La Guajira con 145 millones de pesos en efectivo y material político, ordenando su inmediata liberación y la devolución del dinero incautado.
Captura en medio de la recta final electoral
El caso, que ha generado una intensa polémica nacional, ocurrió durante un control policial en la vía Distracción–Cuestecitas, justo en la recta final de la jornada electoral prevista para el 8 de marzo de 2026. Las autoridades interceptaron al escolta y encontraron en su vehículo:
- Siete sobres con un total de 145 millones de pesos en efectivo
- Cada sobre contenía nombres de políticos de la región
- Material publicitario vinculado a una campaña al Senado
El uniformado estaba adscrito a la UNP y formaba parte del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. El hallazgo inmediatamente encendió las alarmas sobre un posible caso de delitos electorales en un momento políticamente sensible.
Argumentos de la defensa y decisión judicial
Durante la audiencia, la defensa liderada por el abogado Iván Cancino argumentó que el dinero tenía origen personal y no estaba destinado a la compra de votos. Según versiones conocidas en el proceso judicial, el abogado sostuvo que los recursos eran para la compra de un vehículo, aunque no se explicó por qué estaban distribuidos en sobres marcados con nombres políticos.
El juez de control de garantías, tras evaluar los argumentos, determinó que:
- La captura del escolta fue ilegal
- Se debe devolver el dinero incautado
- El funcionario recupera su libertad inmediata
"Acaba de terminar la audiencia y se decreta ilegal la captura y devolver el dinero. La presunción de inocencia y el debido proceso no es algo ligero", declaró el jurista Iván Cancino según recogió Focus Noticias.
Reacciones políticas y continuidad de la investigación
La situación ha provocado reacciones en distintos sectores políticos, especialmente por la cercanía de los comicios y por el material proselitista encontrado junto al efectivo. Sin embargo, hasta el momento no existe una decisión judicial que confirme la comisión de un delito electoral.
Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer si hubo irregularidades electorales o si el hecho corresponde a una situación distinta sin implicaciones penales. El caso sigue abierto y bajo la lupa de la opinión pública, mientras el dinero permanece bajo custodia para las verificaciones correspondientes.
Este giro judicial ocurre en un contexto electoral especialmente delicado, donde cualquier indicio de irregularidades genera inmediata atención mediática y política. La decisión del juez marca un punto de inflexión en un caso que había capturado la atención nacional desde su descubrimiento.
