Colombia enfrenta un panorama electoral complejo por la fragmentación del conflicto armado
Colombia se prepara para las elecciones legislativas del 8 de marzo en medio de un escenario de seguridad particularmente desafiante, marcado por un aumento significativo de los ataques armados y del número de municipios que presentan riesgo electoral extremo. Esta situación representa un preocupante retroceso a los niveles de violencia e inseguridad que se vivieron durante los comicios de 2018, según alertan las autoridades y organizaciones de observación electoral.
Un conflicto que mutó hacia la fragmentación
Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, el conflicto armado en Colombia no desapareció, sino que experimentó una transformación hacia un escenario más fragmentado y complejo. Actualmente, coexisten disidencias de la antigua guerrilla, grupos narcotraficantes y bandas criminales que compiten agresivamente por el control territorial y las economías ilegales, al tiempo que buscan influir directamente en la política local y regional.
El analista del conflicto Luis Fernando Trejos explica que, a diferencia de 2022, el país enfrenta estas elecciones con más actores armados y más disputas locales: "Hoy tenemos más grupos armados y más conflictos porque las rupturas entre ellos no han sido consensuadas sino violentas. Eso implica más competencia por el control territorial y más victimización de la población civil".
El mapa actual de los grupos armados
El panorama actual está dominado por varios actores armados que operan en diferentes regiones del país:
- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)
- El Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, ambas disidencias de las FARC
- El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal del país
- Grupos regionales como los Comuneros del Sur y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada
Según Trejos, la dinámica ha cambiado fundamentalmente frente a años anteriores: "Antes los grupos armados buscaban sabotear las elecciones quemando urnas o prohibiendo votar, y hoy el objetivo no es destruir el sistema sino incidir en él: Quieren que haya elecciones, pero para capturarlas o instrumentalizarlas".
Disputas territoriales que afectan la democracia
Las zonas de mayor riesgo electoral se concentran en regiones específicas donde existen intensas disputas territoriales entre grupos armados:
- Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, donde hay enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las antiguas FARC que han causado una crisis humanitaria y el desplazamiento forzado de cerca de 100.000 personas en el último año.
- Putumayo y Caquetá, en el sur del país, donde se registran choques entre disidencias y los llamados Comandos de la Frontera por el control de rutas del narcotráfico y enclaves cocaleros.
- Región Caribe y noroeste, donde el pulso es principalmente entre el Clan del Golfo y el ELN.
En este escenario de guerras regionales superpuestas, pueden presentarse diversas formas de interferencia electoral, incluyendo restricciones a campañas políticas, prohibiciones de ingreso a candidatos, presiones a comunidades para orientar el voto y sabotajes puntuales a puestos de votación bajo la apariencia de disturbios civiles.
Evaluación del riesgo electoral
La ONG Misión de Observación Electoral (MOE) ha alertado que aproximadamente 170 municipios presentan algún nivel de riesgo por la coincidencia entre violencia e indicios de fraude electoral. Esta situación amenaza al 11,02% del censo electoral nacional, sin incluir a Bogotá en esta evaluación.
Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, atribuye este aumento al repunte de acciones armadas desde 2024 y a la persistencia de economías ilegales que alimentan el conflicto. En términos comparativos, la MOE considera que el nivel de riesgo es similar al de 2018, aunque con una mayor concentración en la categoría extrema.
A pesar del aumento sostenido de la violencia desde 2024, la organización indica que Colombia mantiene "una institucionalidad capaz de organizar elecciones en medio del conflicto".
Medidas de seguridad implementadas
Ante esta compleja situación, el Gobierno nacional ha anunciado la implementación de un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, durante el 8 de marzo serán desplegados 246.000 integrantes de la fuerza pública para cubrir 13.493 puestos de votación y más de 125.000 mesas electorales en todo el territorio nacional.
Adicionalmente, cerca de 500 aspirantes al Congreso cuentan con esquemas de protección especial, y casi 50.000 uniformados han acompañado más de 3.700 actos de campaña electoral en las semanas previas a los comicios.
El Gobierno también ha ofrecido recompensas por información que permita prevenir o judicializar delitos electorales como la compra de votos, una práctica arraigada históricamente en el país que representa uno de los principales desafíos para la integridad del proceso democrático.
La política de 'paz total' del presidente Gustavo Petro se encuentra en el centro del debate electoral actual, ya que según analistas, las negociaciones iniciales facilitaron la expansión territorial de algunos grupos armados. Estos dejaron de confrontar directamente a la fuerza pública, pero intensificaron sus disputas entre sí, lo que derivó en un aumento de desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades y reclutamiento de menores de edad en varias regiones del país.
