Petro cuestiona transparencia electoral ante comicios de 2026 con petición a Fiscalía
Petro cuestiona transparencia electoral ante comicios de 2026

Presidente Petro interpela a Fiscalía sobre transparencia electoral ante comicios de 2026

El presidente Gustavo Petro ha vuelto a poner en entredicho la transparencia del sistema electoral colombiano, apenas a semanas de la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo de 2026. A través de un derecho de petición formal dirigido a la Fiscalía General de la Nación, el mandatario ha planteado interrogantes sustanciales sobre investigaciones anteriores y posibles irregularidades que, según su perspectiva, podrían afectar directamente los próximos comicios.

Documento revelado por Semana detalla preocupaciones presidenciales

La información fue revelada por la revista Semana, que tuvo acceso exclusivo al documento en el cual Petro hace referencia explícita a procesos electorales pasados, con especial énfasis en las elecciones del Congreso realizadas en 2018. El texto insiste en la urgente necesidad de esclarecer hechos que, según el presidente, no han sido suficientemente explicados a la ciudadanía colombiana.

Según se detalla en el documento, una sentencia del Consejo de Estado había ordenado investigaciones penales por presunto sabotaje al sistema electoral. "No es un asunto ajeno a las responsabilidades constitucionales del primer mandatario: es el corazón de ellas", señala el escrito, subrayando la relevancia crítica del tema en el contexto electoral actual.

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Cuestionamientos específicos sobre software electoral

Petro precisó que realiza esta solicitud en calidad de ciudadano y no como jefe de Estado. Desde esa posición, retomó denuncias sobre presuntas irregularidades en el sistema de escrutinios, particularmente en las elecciones legislativas de años anteriores.

En el texto se especifica que "el software de escrutinios utilizado en las elecciones al Senado del 9 de marzo de 2014 fue objeto de sabotaje", lo que habría generado alteraciones en miles de registros electorales. Estas inconsistencias se manifestaron en diferencias notables entre los formularios físicos E-14 y los reportes digitales E-24.

El mandatario sostuvo que los hechos descritos por el Consejo de Estado podrían configurar conductas de carácter penal. En ese sentido, recordó que la Fiscalía tiene la obligación constitucional de investigar cualquier posible delito cuando exista evidencia suficiente para ello.

Advertencias sobre patrones que podrían repetirse

El presidente advirtió que este tipo de irregularidades podría repetirse en el presente ciclo electoral. Según su argumentación, el patrón detectado en el pasado —diferencias sistemáticas entre registros físicos y digitales— sería estructuralmente similar al que, asegura, se habría presentado en elecciones más recientes.

En esa línea, alertó sobre la falta de resultados concluyentes en investigaciones anteriores. Indicó que, de haberse esclarecido las causas técnicas y responsabilidades desde 2018, hoy existiría evidencia que permitiría determinar si las inconsistencias actuales tienen el mismo origen.

Petro también enfatizó que el software utilizado en el proceso electoral sigue siendo el mismo que fue cuestionado en el pasado. Recordó que, según el Consejo de Estado, dicho sistema era manipulable y que incluso la Fiscalía no habría podido auditarlo en 2017 por limitaciones técnicas significativas.

Peticiones concretas y plazo establecido

Finalmente, el mandatario formuló una serie de preguntas específicas dirigidas a la Fiscalía sobre las investigaciones de los procesos electorales de 2018, 2022 y 2026, solicitando respuestas en un plazo de 15 días hábiles. "La ciudadanía colombiana tiene derecho a saber si el Estado investigó las alteraciones a su sistema de cómputo electoral y cuál fue el resultado de esas investigaciones", puntualizó en el documento.

Esta intervención presidencial ocurre en un momento crucial del calendario electoral, generando un debate público sobre la integridad de los procesos democráticos en Colombia y la capacidad institucional para garantizar elecciones transparentes y confiables.

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