El presidente Gustavo Petro utiliza fallo judicial de 2018 para cuestionar transparencia electoral
En un evento destinado originalmente a presentar el diseño del nuevo pasaporte colombiano, el presidente Gustavo Petro desvió la atención hacia un tema que ha convertido en su "caballito de batalla" electoral: las dudas sobre la integridad del sistema de votación nacional.
La sentencia que devolvió curules al Mira
El mandatario mostró públicamente documentos relacionados con la sentencia del 8 de febrero de 2018 del Consejo de Estado, un fallo monumental de 368 folios y varios anexos que tuvo consecuencias significativas para el panorama político colombiano.
"Lo que se encontró como fraudulento, demostrado por la justicia, sigue vigente. Se aplicó en 2022 y espero no se aplique en 2026. Tengo pruebas de cómo se usó contra el Pacto Histórico y contra mí", afirmó Petro durante su intervención.
Esta decisión judicial no solo le devolvió 16.106 votos al partido Mira que había perdido inicialmente, sino que provocó una reconfiguración completa del umbral de los partidos y modificó parcialmente la composición del Senado, permitiendo que la colectividad recuperara su umbral y las tres curules que había perdido.
Irregularidades documentadas en el fallo
El documento judicial revela graves anomalías en las elecciones legislativas de 2014, entre las que destacan:
- Destrucción sistemática de material electoral
- Inconsistencias significativas entre los formularios E14 y E24
- Sabotaje deliberado al software de escrutinio electoral
Según los magistrados, en algunas comisiones escrutadoras se configuraron situaciones de "sabotaje" del software, irregularidad que afectó a 1.412 mesas y excluyó un total de 236.523 votos del conteo oficial.
Consecuencias jurídicas y políticas
Ante la evidencia presentada, los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado tomaron medidas drásticas:
- Declararon la nulidad parcial del acto que certificó la elección de senadores para el periodo 2014-2018
- Anularon las credenciales de las curules 17 del Partido Liberal
- Revocaron las credenciales de la curul 5 de Opción Ciudadana
- Anularon la curul 20 del Centro Democrático
La controversia sobre Thomas Greg
El presidente Petro ha intentado vincular estas irregularidades con la empresa Thomas Greg, argumentando que su participación en la organización logística electoral compromete las garantías del proceso. Sin embargo, el fallo no responsabiliza a esta empresa por los vicios que afectaron al Mira.
Los errores detectados por el tribunal administrativo se centraron principalmente en aspectos del software, que -contrario a lo sugerido por el mandatario- no fue suministrado por Thomas Greg. La responsabilidad recayó en la empresa ASD, según queda claramente establecido en las más de 300 páginas del documento judicial.
Medidas implementadas para garantizar transparencia
El Consejo de Estado insistió en que el Estado debía ser el propietario exclusivo del software de escrutinios, garantizando así la seguridad y trazabilidad completa de todos los movimientos en la plataforma electoral.
Esta recomendación se implementó para las elecciones de 2022, cuando la Registraduría adquirió a la empresa española Indra un programa para el escrutinio, que fue entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para su administración.
El registrador nacional, Hernán Penagos, subrayó este punto: "En las elecciones pasadas, el software de escrutinio fue administrado por el Consejo Nacional Electoral, tanto para los comicios al Congreso como para las elecciones presidenciales. Cabe precisar que dicho software fue adquirido a la empresa española Indra".
Nuevas garantías para próximas elecciones
Para fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral, Penagos anunció que en las próximas elecciones se permitirá el acceso al código fuente del software de escrutinio, una medida sin precedentes destinada a garantizar máxima transparencia y permitir verificación independiente del sistema.
Esta decisión busca responder precisamente a las preocupaciones planteadas por el presidente Petro y otros actores políticos, estableciendo un nuevo estándar de apertura y auditoría en los procesos electorales colombianos.
