Colombia enfrenta creciente riesgo electoral en vísperas de cruciales comicios democráticos
Colombia se adentra en la fase decisiva previa a uno de los ciclos electorales más significativos para su sistema democrático. Las elecciones legislativas de 2026 están calendarizadas para el 8 de marzo, jornada en la que la ciudadanía elegirá los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes. Posteriormente, la nación acudirá a las urnas para los comicios presidenciales, cuya primera vuelta está fijada para el 31 de mayo y, de requerirse balotaje, una segunda vuelta se desarrollará el 21 de junio de 2026.
Alerta institucional: 670 municipios en riesgo electoral
En este contexto crítico, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha emitido una severa advertencia sobre el deterioro progresivo del riesgo electoral en el territorio nacional. Según sus explicaciones, desde la expedición de la Alerta Temprana 013 de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, el panorama evidencia un incremento preocupante en el número de municipios con distintos niveles de alerta.
"Esto lo podemos evidenciar claramente por el aumento de municipios en situación de riesgo. De 62 a 69 en aquellos que requieren una acción inmediata, de 162 a 168 municipios que necesitan una acción urgente y de 425 a 433 que demandan una acción prioritaria. Esto representa 670 municipios adicionales a los registrados en octubre", detalló la funcionaria en entrevista exclusiva con El Universal.
Inercia institucional y cumplimiento parcial de recomendaciones
De acuerdo con Marín, estas cifras alarmantes reflejan el incumplimiento parcial de las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo. "Realizamos una medición del cumplimiento de las recomendaciones que debían implementarse durante los primeros tres meses y encontramos un nivel de implementación del 42%. Es decir, un 58% de las recomendaciones no fueron aplicadas oportunamente por las instituciones del Estado".
La entidad ha calificado este escenario como una "inercia institucional". Aunque reconoce que las instituciones están trabajando, advierte que no existe una priorización efectiva de las alertas en los territorios, lo que limita sustancialmente el impacto real de las acciones adoptadas.
Grupos armados y libertad electoral en la región Caribe
Frente a las inquietudes que han surgido en diversos sectores sobre la realización efectiva de las elecciones, la defensora fue enfática: "Nosotros estamos completamente convencidos de que sí habrá elecciones", afirmó, al tiempo que aclaró que el principal riesgo no se concentra exclusivamente en la jornada electoral misma.
Esto se debe fundamentalmente a que, "en estos momentos estamos evidenciando una intervención sistemática de los grupos armados y de la criminalidad organizada que está afectando principalmente la libertad de los votantes y también las libertades de quienes realizan campaña política por el territorio nacional", aseguró Marín.
En la región Caribe específicamente, explicó la funcionaria, el aumento del riesgo está directamente asociado a:
- Amenazas directas a candidatos y votantes
- Coacciones y presiones ilegítimas
- Restricciones severas de movilidad
- Ataques violentos contra la infraestructura electoral
Estas dinámicas preocupantes, según el análisis de la Defensoría, buscan incidir tanto en la gestión pública como en el desarrollo transparente de los comicios.
Presencia hegemónica del Clan del Golfo en Caribe
"Aquí lo que observamos es una presencia hegemónica del Clan del Golfo en la región Caribe, un crecimiento significativo de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en disputa territorial con el Clan del Golfo. Tenemos una preocupación especial por el curul de la paz de los Montes de María, donde el Clan del Golfo está ejerciendo una gobernanza armada muy importante", indicó Marín.
Esta situación se manifiesta concretamente en:
- Prohibición de circulación de candidatos con protección estatal
- Restricción del proselitismo político en corregimientos específicos de Carmen de Bolívar, Córdoba y San Onofre
- Respaldo explícito del grupo armado a candidaturas específicas
Disputas territoriales en el sur de Bolívar
Sobre el sur de Bolívar, la defensora señaló que, aunque no existe un control hegemónico absoluto del Clan del Golfo, persisten disputas territoriales intensas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la presencia activa del Frente 36 de las Disidencias de Calarcá.
"En el sur de Bolívar tenemos identificado que el Clan del Golfo abordó directamente a funcionarios de la Registraduría, impidiendo temporalmente el desarrollo normal de sus labores administrativas", reveló Iris Marín Ortiz.
Según el análisis exhaustivo de la Defensoría colombiana, estos hechos preocupantes no responden necesariamente a motivaciones ideológicas tradicionales, sino más bien a la intención estratégica de los grupos armados de mantener y consolidar sus intereses territoriales y económicos.
Recomendaciones urgentes y medidas necesarias
Ante este panorama complejo, la defensora insistió en la necesidad imperiosa de aplicar de manera efectiva las 20 recomendaciones específicas de la Alerta Temprana. "Son 20 recomendaciones concretas, 11 de las cuales debían haberse cumplido durante los tres primeros meses. Estas abarcan áreas cruciales como prevención y protección, coordinación institucional, despliegue de la fuerza pública, judicialización efectiva, seguimiento del Ministerio Público y todo el tema de financiación transparente de las campañas políticas".
La funcionaria subrayó particularmente la importancia de avanzar en investigaciones judiciales que permitan verificar posibles incidencias indebidas en el proceso electoral y garantizar la pureza del sistema democrático.
Riesgos persistentes posteriores a las elecciones
Finalmente, Marín advirtió que los riesgos no desaparecerán automáticamente tras concluir la jornada electoral. Disputas violentas, amenazas sistemáticas o agresiones directas podrían presentarse una vez se conozcan los resultados oficiales, especialmente en escenarios donde resulten electas personas que no sean del agrado o conveniencia de los grupos armados ilegales.
Ante esta posibilidad real, reiteró la necesidad de mantener y fortalecer las medidas de protección integral. "Es fundamental seguir protegiendo cuidadosamente tanto a las candidaturas en curso como a las personas que resulten electas democráticamente", concluyó la defensora del Pueblo, enfatizando la importancia de salvaguardar la integridad del proceso democrático en su totalidad.
