Defensoría del Pueblo advierte grave riesgo electoral en Buenaventura por presión de grupos ilegales
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana que revela un grave riesgo para el proceso electoral en el Valle del Cauca, específicamente en el municipio de Buenaventura. La entidad documentó un agravamiento significativo de la violencia entre febrero y marzo de 2026, con al menos 23 homicidios registrados, la mayoría de jóvenes entre 17 y 30 años, y tres personas reportadas como desaparecidas.
Estructuras criminales identificadas como amenaza electoral
Desde el 22 de septiembre de 2025, la Defensoría advirtió sobre el peligro que representan seis organizaciones de crimen organizado para las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República previstas para 2025 y 2026. Entre los grupos mencionados se encuentran:
- Los Shotas
- Los Espartanos
- Los Flacos
- La Inmaculada
- Rastrojos Nueva Generación
Estas estructuras podrían ejercer presiones o generar hechos de violencia contra candidaturas y votantes, según el documento de la entidad estatal.
Contexto de violencia y disputas territoriales
El panorama es especialmente crítico en Buenaventura, donde las confrontaciones se concentran en comunas como:
- San Francisco
- San Luis
- Juan XXIII
- Sectores de la comuna 12
Para la Defensoría, estos hechos violentos están directamente ligados a disputas territoriales entre grupos armados por el control de economías ilícitas. La situación se ha agravado en un contexto de reconfiguración interna tras capturas recientes de integrantes de estas organizaciones, lo que habría desatado ajustes internos y nuevas disputas por el dominio del territorio.
Impacto en la población juvenil y procesos electorales
El informe también advierte sobre una afectación directa sobre los jóvenes de la región, quienes terminan siendo víctimas de:
- Reclutamiento forzado
- Señalamientos en medio de enfrentamientos
- Involucramiento en la captación de menores de edad
Uno de los puntos que más preocupa a la entidad es que, mientras se desarrollan acercamientos y diálogos con el Gobierno en el marco de la política de paz total, algunas de estas estructuras continuarían ejerciendo control social y territorial sobre la población. La Defensoría alerta específicamente sobre posibles:
- Restricciones al proselitismo político
- Imposiciones indirectas sobre el voto
- Presiones a campañas que no se alineen con los intereses de estos grupos
Llamado urgente a las autoridades
La alerta fue acompañada por un llamado de atención contundente a los gobiernos nacional, departamental y local para que adopten medidas inmediatas frente a la situación de orden público en esta zona portuaria estratégica para la economía del país. Según el informe, en municipios del centro del Valle estas estructuras ya habían sido señaladas tras las elecciones locales de 2023 por amenazas contra servidores públicos y por ejercer distintos tipos de presión política.
La Defensoría pidió una acción estatal "inmediata" ante lo que calificó como un deterioro sostenido de la seguridad, especialmente preocupante en el contexto de los próximos procesos electorales que definirán el rumbo político del país.
