Alerta máxima por irregularidades electorales en el Atlántico
A pocos días de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, el departamento del Atlántico, con especial foco en Barranquilla y Soledad, enfrenta un clima de creciente preocupación por presuntas irregularidades que podrían afectar el normal desarrollo del proceso democrático. Denuncias por compra de votos, presiones a contratistas, extorsiones y posible incidencia de estructuras criminales han encendido las alertas de organizaciones de vigilancia electoral y organismos de control.
MOE confirma múltiples denuncias ciudadanas
La Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó que ha recibido múltiples reportes ciudadanos sobre presuntas prácticas de corrupción electoral en el Atlántico, entre ellas la compra de votos y presiones a funcionarios y contratistas para favorecer determinadas candidaturas. Según explicó Alejandra Barrios, directora de la organización, las denuncias han llegado a través de los canales habilitados por la MOE, como la plataforma Pilas con el Voto y el número de WhatsApp 315-266-1969.
"Ciudadanos nos informan sobre compra de votos, también sobre contratistas a los que les están obligando a votar por determinados candidatos o a llenar planchas para favorecer candidaturas específicas", señaló Barrios. De acuerdo con los reportes recibidos, algunos contratistas estarían siendo amenazados con la no renovación de sus contratos si no respaldan electoralmente a determinados aspirantes.
Esquema de "amarre de votos" desde dependencias públicas
Las denuncias sobre irregularidades electorales también fueron expuestas en un reportaje de La Contratopedia Caribe, que reveló la existencia de un presunto sistema de "amarre de votos" que estaría operando desde diversas dependencias públicas en Barranquilla. Según la investigación periodística, el esquema buscaría garantizar cerca de 400.000 votos para asegurar curules en la Cámara de Representantes por el Atlántico y en el Senado de la República.
El reporte señala que algunos contratistas y funcionarios públicos tendrían asignados listados de votantes, con la tarea de asegurar el respaldo electoral de al menos 30 personas cada uno. El mecanismo incluiría llamadas telefónicas a los ciudadanos registrados para confirmar si conocen el número de los candidatos y si tienen previsto asistir a las urnas.
Incluso, la investigación sostiene que el proceso contaría con seguimiento mediante un software especializado, donde se cargarían los nombres de los votantes con el fin de monitorear la efectividad de cada lista. Entre las entidades que presuntamente estarían relacionadas con este esquema aparecen dependencias del Distrito bajo la administración del clan Char como Espacio Público, Jurídica, Desarrollo Económico y Catastro.
Extorsiones frenan propaganda política en Soledad
En el municipio de Soledad, segundo más poblado del Atlántico, el panorama electoral también genera preocupación. Líderes comunitarios denunciaron que bandas criminales estarían cobrando extorsiones a quienes deseen exhibir propaganda política en sus viviendas o vehículos. Según testimonios recogidos en la zona, los ciudadanos deben pagar dinero para colocar pendones, afiches o publicidad electoral.
Esta situación explicaría la notable disminución de propaganda política visible en las calles, un fenómeno que contrasta con elecciones anteriores. La situación estaría relacionada con la presencia de estructuras criminales como 'Los Costeños' y 'Los Pepes', grupos que mantienen disputas por el control territorial en sectores del área metropolitana de Barranquilla.
Barranquilla en riesgo extremo de violencia electoral
Las advertencias sobre el proceso electoral no provienen únicamente de denuncias ciudadanas. La Misión de Observación Electoral clasificó recientemente a Barranquilla como una ciudad en "riesgo extremo de violencia electoral". La alerta fue presentada durante la divulgación del mapa de riesgo electoral del Atlántico, donde se identificaron factores que podrían afectar la seguridad del proceso democrático.
Entre ellos se destacan la presencia de grupos armados ilegales, el incremento de la extorsión y la disputa territorial entre estructuras criminales. Según explicó Jessyka Manotas, gerente de proyectos de la MOE, la clasificación responde a la confluencia de diversos actores armados y organizaciones criminales en el área metropolitana.
Además de Barranquilla, municipios como Soledad y Repelón aparecen clasificados en riesgo medio, mientras que otras localidades del departamento presentan diferentes niveles de vulnerabilidad electoral. En total, el 61 % del territorio del Atlántico registra algún nivel de riesgo electoral, lo que obliga a reforzar los mecanismos de vigilancia institucional.
Presencia de grupos criminales y presión electoral
En la región operan estructuras como 'Los Costeños', 'Los Pepes' y el 'Clan del Golfo', organizaciones que según expertos podrían influir en el ambiente electoral mediante intimidaciones, control territorial o presión sobre campañas políticas. El académico Luis Fernando Trejos explicó que estos grupos podrían ver las elecciones como una oportunidad para monetizar su control territorial.
Entre los posibles escenarios planteados por el analista se encuentran:
- Exigir pagos a campañas políticas para permitir actividades de proselitismo en barrios bajo su control.
- Ofrecer paquetes de votos a candidatos interesados en comprar respaldo electoral.
- Intercambiar apoyo político por favores, como impunidad o beneficios dentro de estructuras clientelistas.
Llamado a fortalecer garantías electorales
Ante este panorama, la MOE recomendó fortalecer la articulación institucional a través de las comisiones de seguimiento electoral, espacios en los que participan partidos políticos, autoridades locales, la Fuerza Pública y organismos de control. Estos escenarios permiten evaluar riesgos, analizar denuncias y adoptar medidas preventivas antes de la jornada electoral.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo también pidió adoptar acciones urgentes para garantizar elecciones libres y seguras en todo el departamento del Atlántico. Las advertencias dejan en evidencia que el proceso electoral de 2026 se desarrollará en un contexto complejo, marcado por denuncias de corrupción electoral, presiones políticas y presencia de estructuras criminales.
Factores que representan un desafío significativo para la transparencia y la legitimidad de los comicios en una de las regiones más pobladas e importantes del Caribe colombiano.
