Defensoría del Pueblo alerta sobre violencia política en campañas electorales
Violencia política afecta campañas electorales en Colombia

Defensoría del Pueblo advierte sobre violencia política en campañas electorales

La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, envió un mensaje contundente sobre los comicios electorales del próximo 31 de mayo y el compromiso por unas elecciones libres y en paz. Esto ocurre luego de que varios candidatos a la presidencia, como Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, recibieran amenazas a través de redes sociales.

Manifestaciones de violencia identificadas

Marín Ortiz señaló que, si bien todos los hechos de preocupación provienen de las campañas, prevenirlos es una responsabilidad compartida y urgente. "En la Defensoría del Pueblo hemos hecho seguimiento, entre el 13 de marzo y el 15 de abril, al compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia", afirmó la funcionaria.

Asimismo, la defensora del pueblo indicó que en el análisis se identificaron múltiples manifestaciones de violencia política, como:

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  • Amenazas de muerte contra candidatos
  • Estigmatización y difamación sistemática
  • Ataques basados en estereotipos de género
  • Agresiones por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales diversas
  • Manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas

Impacto desigual en candidaturas

"Esta violencia no afecta a todas las candidaturas por igual y está reproduciendo desigualdades estructurales", aseguró Marín Ortiz. Según explicó la funcionaria, se evidencia una alta recurrencia de la violencia contra las mujeres en la política, con ataques basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales.

Iris Marín aseveró que, puntualmente, son Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sondra Macollins quienes suelen sufrir agresiones de violencia contra las mujeres en política o violencias por prejuicio, estigmatización y difamación. Además, señaló que Iván Cepeda y Aida Quilcué sufren con alta recurrencia estigmatización y difamación.

Racismo y difamación en campañas

La Defensoría también explicó que a Luis Gilberto Murillo y Aida Quilcué se refieren con afirmaciones racistas. "En contra de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se evidencian situaciones de difamación. La campaña de Sergio Fajardo recibe también un lenguaje ofensivo", detalló el informe.

Agregado a esto, Marín Ortiz confirmó que se presentan afectaciones a sedes de campaña, así como la presencia de actores armados en eventos públicos. Estas violencias, según la defensora, son amplificadas en algunas ocasiones en entornos digitales y, en algunos casos, por voces con alta visibilidad pública.

Consecuencias para la democracia

La defensora del pueblo señaló que estos hechos inciden de manera directa en el ejercicio de los derechos políticos. "Los ambientes de miedo, autocensura, desinformación y hostilidad que se están generando deterioran la deliberación democrática y pueden restringir en la práctica el derecho de la ciudadanía a elegir libremente", advirtió Marín Ortiz.

Estas violencias, según la defensora, están incrementando el escalamiento hacia formas más graves de violencia que afectan la deliberación democrática y que propician escenarios de autocensura y silenciamiento.

Llamado a las instituciones

Es por esto que la Defensoría del Pueblo instó a todas las instituciones a reforzar sus actuaciones para mitigar estas situaciones en el marco de sus competencias, especialmente a:

  1. Fiscalía General de la Nación
  2. Ministerio del Interior
  3. Unidad Nacional de Protección (UNP)

También pidió a los movimientos políticos y las campañas "rechazar de forma expresa y no selectiva estos hechos", enfatizando la necesidad de un compromiso colectivo para garantizar unas elecciones limpias y democráticas.

Este panorama confirma que la violencia política está incidiendo de manera directa en el ejercicio de los derechos políticos en Colombia, según el análisis presentado por la Defensoría del Pueblo, que hace un llamado urgente a la protección de los candidatos y la integridad del proceso electoral.

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