Panorama electoral colombiano bajo la sombra de la violencia y la corrupción
A pocos meses de los cruciales comicios para elegir candidatos presidenciales y miembros del Congreso, dos factores fundamentales ensombrecen gravemente el panorama electoral colombiano: la violencia política generalizada y las prácticas corruptas que amenazan la integridad democrática.
La violencia electoral: cifras alarmantes y territorios en riesgo
Según el último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), la violencia se manifiesta de múltiples formas: amenazas directas, ataques por parte de grupos armados contra comunidades vulnerables, candidatos, electores, activistas políticos y periodistas. Además, se registran discursos de odio, noticias falsas, intimidación y coacción, frecuentemente ejercidos por clanes políticos tradicionales para cooptar electores.
La MOE identifica 170 municipios con riesgo extremo de violencia, lo que representa un incremento del 65% en comparación con las elecciones de 2022. Este fenómeno no solo afecta la integridad electoral, sino que restringe un derecho fundamental de la democracia: la libertad de elegir y ser elegido.
Resulta paradójico que, como describe la organización observadora, la llamada Paz Total haya generado efectos no previstos como el fortalecimiento de estructuras armadas y la intensificación de disputas territoriales, lo cual impacta negativamente el proceso electoral.
Corrupción electoral: múltiples manifestaciones preocupantes
Los riesgos de corrupción en este proceso electoral se han manifestado de diversas maneras:
- Recolección irregular de firmas: De las 5.079.005 firmas entregadas por candidatos de diferentes vertientes, solamente fue avalado el 38%. El caso más notorio, por la popularidad del candidato Abelardo de la Espriella, fue reseñado por la periodista Cecilia Orozco en El Espectador.
- Candidatos investigados: Varios aspirantes tienen investigaciones por presunta corrupción, un precedente que los ciudadanos deben considerar al momento de votar.
- Nexos familiares cuestionables: Numerosos aspirantes al Congreso mantienen vínculos familiares muy cercanos con mandatarios locales, lo que podría generar participación indebida en política y conflictos de interés si son elegidos.
- Avalancha de contratos preelectorales: Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, se firmaron 520.000 contratos por 32 billones de pesos solo en enero de 2026, superando en un 30% la cifra de 2022. La mayoría se realizaron por contratación directa.
Será extremadamente difícil, por no decir imposible, que las autoridades pertinentes investiguen si se cumplieron todos los requisitos legales y la posterior ejecución de estos contratos. Esta práctica, aunque no nueva, se ha utilizado claramente con intereses electorales.
Llamado a la vigilancia democrática
Estos ejemplos representan solo una muestra de las amenazas que ensombrecen el panorama electoral colombiano. Es imperativo que autoridades, ciudadanos, veedores nacionales e internacionales, y testigos electorales mantengan máxima alerta y actúen decididamente para que los próximos comicios se desarrollen en paz y transparencia.
Los electores colombianos merecen ejercer su derecho al voto con tranquilidad, sin presiones indebidas y con la seguridad de que su voluntad será respetada en un proceso electoral íntegro y democrático.
