Acolgen solicita suspensión inmediata de emergencia económica decretada por Petro
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) presentó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que se suspenda y declare inexequible el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno de Gustavo Petro el pasado 11 de febrero de 2026. Este decreto fue promulgado con el objetivo de atender las consecuencias del frente frío que afectó a ocho departamentos del país, dejando a más de 150.000 familias en situación vulnerable.
Vicios de forma y fondo en el decreto
Según el gremio energético, el Decreto 150 presenta múltiples irregularidades que comprometen su validez constitucional. Entre los principales argumentos presentados ante el alto tribunal se encuentran:
- Falta de sobreveniencia: Acolgen sostiene que el gobierno no agotó sus capacidades ordinarias antes de acudir a un estado de excepción, requisito fundamental establecido en la Constitución.
- Vicios de motivación: El decreto carecería de una justificación suficiente para declarar la emergencia económica.
- Firma irregular: El documento fue suscrito por Irene Vélez Torres como Ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pese a que su encargo había vencido más de tres meses antes de la expedición del decreto.
"El uso injustificado de los estados de excepción tiene un costo institucional que no puede ignorarse. Cada declaratoria que no supera mínimamente los presupuestos constitucionales compromete recursos del Gobierno y de la H. Corte que deberían destinarse a la atención efectiva de la población afectada", argumentó Acolgen en su concepto presentado ante la Corte.
Solicitud de trámite urgente y suspensión provisional
El gremio energético, que fue gravado con el paquete de impuestos proferido bajo esta emergencia, solicitó que el caso tenga un trámite de urgencia debido al impacto significativo de las medidas adoptadas. Además, pidió la suspensión provisional del decreto, alegando que sus efectos generan un daño irremediable en materia de derechos humanos asociados a la prestación del servicio de energía, así como en aspectos regulatorios y tributarios.
Esta solicitud se produce en un contexto donde la Corte Constitucional ya había suspendido una emergencia económica anterior decretada en diciembre, considerándola prima facie inconstitucional. El magistrado Miguel Polo Rosero es el ponente designado para este expediente, que actualmente se encuentra en etapa probatoria a la espera de su fijación en lista.
Posibles escenarios y alternativas
En su estudio de fondo, Acolgen pidió a la Corte declarar la inexequibilidad total del decreto por no cumplir con los requisitos formales y materiales establecidos en el artículo 215 de la Constitución. Como alternativa, el gremio planteó que, si el decreto no se declara inconstitucional en su totalidad, al menos se eliminen algunos de sus apartes que, a su juicio, no tienen relación con los hechos que dieron origen a la emergencia o no corresponden a situaciones reales y verificables.
La decisión de la Corte Constitucional sobre este caso establecerá un precedente importante sobre el uso de los estados de excepción económica en Colombia, particularmente en contextos de desastres naturales como el frente frío que afectó significativamente a la población de ocho departamentos del país.
