Alcaldes esperaron sentados en el piso mientras Petro atacaba a la fiscal y enviaba mensajes a la Corte
El presidente Gustavo Petro convocó un consejo de ministros para abordar la emergencia por lluvias que afecta a municipios de Córdoba, pero el encuentro estuvo marcado por polémicas que incluyeron la exclusión de diez alcaldes, ataques a la fiscalía y presiones a la Corte Constitucional.
Reunión tardía y alcaldes excluidos
La reunión estaba programada para comenzar a las 7:00 p.m. del lunes 9 de febrero de 2026, pero el mandatario llegó con más de tres horas de retraso, iniciando la sesión a las 10:30 p.m. y extendiéndola por casi tres horas. Mientras dentro participaban el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, diez alcaldes de municipios afectados permanecieron fuera del recinto.
Los ediles de Santacruz de Lorica, Tierra Alta, Canalete, Cotorra, Puerto Escondido, Moñitos, Puerto Libertador, Cereté, Los Córdobas y Ciénaga de Oro pasaron horas sentados en el piso, esperando la oportunidad de presentar sus necesidades al presidente. Finalmente, regresaron a sus casas sin poder hablar con Petro, lo que generó críticas sobre la atención a las regiones más golpeadas por las lluvias.
Petro presiona a la Corte Constitucional
Durante el consejo, el presidente hizo un llamado explícito a la Corte Constitucional para que levante la suspensión de los efectos del decreto de emergencia económica. Este documento, que busca recursos para enfrentar la crisis ambiental, ha sido objeto de controversia legal, y Petro utilizó la plataforma para ejercer presión directa sobre los magistrados.
"La emergencia requiere acciones inmediatas y no podemos esperar procesos burocráticos que retrasen la ayuda a las comunidades afectadas", señaló el mandatario durante la reunión, según fuentes presentes.
Ataques a la fiscalía y contexto político
El encuentro también incluyó fuertes críticas del presidente hacia la fiscalía, en medio de tensiones políticas que han caracterizado su gobierno. Estas declaraciones se suman a un contexto donde varias figuras cercanas a Petro enfrentan investigaciones judiciales, creando un clima de confrontación entre el ejecutivo y los órganos de control.
La situación en Córdoba es particularmente grave, con 22 departamentos del país en riesgo por la crisis ambiental, según había alertado previamente el senador Armando Benedetti. Además, se han denunciado contratos del Gobierno Nacional con RTVC por más de $70 mil millones para publicidad, cuestionados por la representante Katherine Miranda.
Contraste entre discurso y realidad
Mientras Petro abogaba por recursos para emergencias, en Montería el barrio Villa Petro, que lleva el nombre del presidente y fue construido cerca de un humedal, sufrió inundaciones. Esta ironía no pasó desapercibida y refleja los desafíos de coordinación entre las políticas nacionales y las realidades locales.
El consejo de ministros dejó en evidencia varias tensiones:
- Falta de acceso directo de alcaldes afectados al presidente
- Presión institucional sobre la Corte Constitucional
- Enfrentamientos verbales con la fiscalía
- Retrasos logísticos en la atención de emergencias
La reunión, que debería haber sido un espacio de coordinación para la emergencia climática, se convirtió en otro capítulo de las disputas políticas que rodean al gobierno de Gustavo Petro, dejando a los alcaldes más afectados literalmente fuera de la sala de decisiones.
