Consejo de Estado anula elección de presidente de ISA por graves irregularidades en proceso de selección
En una decisión histórica que marca un precedente en la administración de empresas estatales, el Consejo de Estado ha declarado nula la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica S.A ESP (ISA). La Sala Quinta del alto tribunal determinó que el proceso de selección estuvo viciado por múltiples irregularidades que comprometieron su transparencia y objetividad desde sus etapas iniciales.
Modificaciones cuestionadas a la matriz de evaluación
El proceso de selección, que inició en enero de 2024, estableció inicialmente una matriz de evaluación con criterios específicos de experiencia y habilidades técnicas. La firma cazatalentos Korn Ferry, contratada para el proceso, presentó una lista inicial de 22 candidatos donde Jorge Carrillo ocupaba el puesto 20 y posteriormente fue excluido de la lista reducida de 13 aspirantes.
Sin embargo, tras intervenciones de miembros del Comité de Talento Organizacional como Fabiola Leal y Luis Ferney Moreno, se revisó nuevamente el perfil de Carrillo. A pesar de que la firma cazatalentos mantuvo su baja calificación, se produjo un relevo total de los integrantes del comité y se aprobaron modificaciones sustanciales a la matriz de evaluación y al protocolo de selección.
Carlos Humberto Delgado, secretario del Comité, dejó constancia documental de que estos cambios "afectaron la objetividad del proceso". Tras aplicar la nueva matriz, Carrillo pasó del vigésimo al octavo puesto entre los candidatos.
Críticas internas y tensiones en el comité
Durante las reuniones del comité, miembros como Carlos Raúl Yepes Jiménez, Camilo Zea Gómez y Germán Arce Zapata señalaron que el nuevo criterio agregado a la matriz "cerraba la elección de manera prácticamente arbitraria", ya que solo tres personas en Colombia podrían cumplirlo. Uno de los integrantes advirtió: "Me parece super peligroso que ese sea el mecanismo a través del cual vamos a filtrar quién clasifica y quién no clasifica la siguiente ronda".
El Consejo de Estado determinó que estas modificaciones se realizaron "en plena marcha del proceso" y "impactaron directamente la objetividad y estabilidad del método de evaluación", introduciendo condiciones nuevas cuando algunos participantes ya habían quedado excluidos según los parámetros originales.
Exceso de competencias y desatención a evaluaciones externas
Otra irregularidad sustancial identificada por el tribunal fue que la junta directiva asumió funciones que correspondían al comité, excediendo sus competencias estatutarias. Esta determinación obedeció, según la Sala Quinta, a "tensiones internas dentro del Comité de Talento Organizacional" que afectaron la arquitectura del proceso.
Adicionalmente, el Consejo de Estado señaló como irregularidad manifiesta la desatención al examen realizado por Korn Ferry, cuyo reporte no fue meramente instrumental sino resultado de un minucioso estudio de los candidatos y del sector. El tribunal también se remitió al informe de la firma Kroll, asesora de riesgos, que evaluó a Carrillo con la calificación de 'alto riesgo' debido a información adversa sobre su gestión en EPM y a investigaciones preliminares en la Fiscalía.
Proceso electoral final y decisión del tribunal
Tras una serie de votaciones, Jorge Carrillo resultó elegido presidente de ISA en agosto de 2024 con cinco votos a favor, mientras la candidata Mónica Contreras recibió cuatro votos. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que todo el proceso estuvo viciado desde sus bases.
La Sala Quinta concluyó que "la modificación de la matriz de evaluación constituyó una irregularidad sustancial que vició la decisión definitiva", ya que los cambios favorecieron la inclusión de quien finalmente resultó elegido pese a su exclusión previa. El fallo, datado el 27 de enero de 2026, responde a la demanda presentada por el diputado Luis Peláez y el abogado Julio César Yepes, quienes denunciaron las irregularidades desde septiembre de 2024.
Esta decisión judicial marca un precedente importante sobre los procesos de selección en empresas estatales y refuerza la necesidad de transparencia y objetividad en la designación de altos directivos en entidades de carácter público.
