Juez ordena arresto de director de la ANT por desacato a orden judicial
En una decisión que ha generado amplio debate político y jurídico, el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó el arresto por cinco días del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, junto con la secretaria general de la entidad, Ángela Lorena Ortiz Rosero. La medida judicial, que incluye además una multa económica equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales para cada funcionario, se produce por desacato a una acción de tutela interpuesta por la senadora Paloma Valencia.
Origen del conflicto: solicitud de información sobre predio "Peñasgordas"
El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando la congresista y precandidata presidencial presentó un derecho de petición ante la ANT solicitando información detallada sobre la compra del predio conocido como "Peñasgordas", ubicado en el municipio de Dagua, Valle del Cauca. Valencia buscaba conocer los pormenores del proceso de adquisición de este terreno por parte de la entidad estatal, en medio de cuestionamientos sobre la legalidad de la operación dentro de los programas gubernamentales de compra de tierras.
Ante la falta de respuesta dentro de los plazos legales establecidos, la senadora interpuso una acción de tutela para proteger su derecho fundamental de acceso a la información pública. En diciembre de 2025, el juzgado falló a su favor y ordenó a la ANT responder de fondo la solicitud en un plazo máximo de 48 horas.
Incumplimiento probado y consecuencias judiciales
Al revisar el cumplimiento de la orden judicial, el despacho concluyó que la Agencia Nacional de Tierras no acreditó haber enviado la respuesta dentro del término establecido. Según consta en el expediente, habían transcurrido más de 50 días hábiles desde la notificación del fallo sin que se demostrara el cumplimiento efectivo de la orden judicial.
Este tipo de medidas coercitivas se aplican como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales en acciones de tutela, especialmente cuando se considera que una autoridad pública ha incumplido una orden destinada a proteger derechos fundamentales. El arresto administrativo busca presionar a los funcionarios para que acaten las órdenes judiciales pendientes.
Reacciones contrapuestas y defensa de la ANT
Tras conocerse la decisión, la senadora Paloma Valencia cuestionó públicamente la actuación de la Agencia Nacional de Tierras y afirmó que la sanción se produjo específicamente porque la entidad no entregó la información solicitada sobre el predio en cuestión.
Por su parte, el director Felipe Harman aseguró en declaraciones a medios de comunicación que la ANT sí respondió al requerimiento y que ya presentó ante el juzgado los documentos que demostrarían el cumplimiento de la orden judicial. El funcionario indicó que el equipo jurídico de la agencia busca que el despacho revise la decisión y evalúe la revocatoria de la sanción impuesta.
Implicaciones políticas y transparencia institucional
La Agencia Nacional de Tierras es una de las entidades clave en la política agraria del país, especialmente en la implementación de programas de reforma rural y adjudicación de tierras. Por esta razón, las decisiones judiciales que involucran a su dirección suelen generar considerable atención pública y política.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la transparencia en los procesos de compra y adjudicación de predios destinados a programas de reforma agraria, un tema sensible en el contexto de las políticas de desarrollo rural del gobierno nacional.
Mientras el proceso continúa su curso legal, el juzgado deberá evaluar las pruebas presentadas por la ANT para determinar si se mantiene o se revoca la orden de arresto contra el director de la entidad y su secretaria general. La resolución final podría establecer precedentes importantes sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con el derecho de acceso a la información.
