El atentado con cilindro bomba ocurrido en la Vía Panamericana, en el municipio de Cajibío (Cauca), que dejó al menos 20 civiles muertos, trasladó la discusión sobre seguridad al centro de la campaña presidencial en Colombia, generando un cruce de acusaciones entre los principales candidatos a menos de 36 días de las elecciones del próximo 31 de mayo.
Seguridad en Cauca marca agenda de campaña presidencial
El ataque, atribuido por las autoridades a disidencias de las antiguas Farc, no solo reactivó la preocupación por el deterioro del orden público en el suroccidente del país, sino que también abrió un debate político sobre el rumbo de la estrategia de paz y la capacidad del Estado para contener la violencia en territorios estratégicos.
En este contexto, el candidato del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, expresó su más enérgico rechazo a los hechos, al tiempo que planteó que existe una “inquietud legítima” sobre si este tipo de acciones buscan generar un clima de miedo que influya en el proceso electoral.
Debate sobre paz total y orden público gana protagonismo
El pronunciamiento de Cepeda abrió la puerta a un debate que rápidamente fue respondido desde la oposición. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, rechazó esa interpretación y sostuvo que la violencia reciente evidencia el fracaso de la política de “paz total” impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“El país no merece que desvíe la atención insinuando que esto busca favorecer a sectores políticos. Llegó el momento de asumir, con todas las letras, que la paz total fracasó”, afirmó Valencia, al cuestionar los resultados de las negociaciones con grupos armados ilegales.
Las críticas a la estrategia de paz del Gobierno no se limitaron a la oposición. El candidato del movimiento Firmes por la Patria, Abelardo de la Espriella, aseguró que la violencia reciente responde a una política que, a su juicio, ha debilitado la respuesta del Estado frente a los grupos armados.
En esa línea, propuso una “guerra frontal, sin tregua ni negociación” contra las estructuras ilegales, al tiempo que señaló que los hechos no son aislados, sino parte de un fenómeno más amplio que afecta la estabilidad del país. Estas posturas evidencian la creciente polarización en torno a la política de seguridad.
Por su parte, Sergio Fajardo, del partido Dignidad y Compromiso, expresó su solidaridad con las víctimas y afirmó que “Colombia vuelve a sangrar”, al considerar que la política de seguridad del Gobierno ha debilitado la autoridad estatal y requiere una revisión urgente frente al contexto actual.
Escalada de violencia en suroccidente intensifica tensión política
El atentado en Cajibío se produjo en medio de acciones violentas en el suroccidente del país, donde en los últimos días también se registraron ataques con cilindros bomba contra unidades militares en Cali y Palmira, así como un atentado contra un radar de la Aeronáutica Civil en el municipio de El Tambo (Cauca).
Estos hechos han sido atribuidos por el Ejército a estructuras del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las Farc, liderada por Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, lo que refuerza la percepción de una escalada de violencia en la región.
El expresidente Iván Duque también se sumó a las críticas al señalar que los ataques reflejan las consecuencias de una política de “apaciguamiento” que, en su opinión, ha debilitado la capacidad ofensiva del Estado frente a los grupos armados ilegales.
La combinación de estos elementos ha elevado la tensión política en el país, en un escenario en el que la seguridad se consolida como un factor determinante en la campaña presidencial. A medida que avanza el proceso electoral, el manejo del orden público y los resultados de la política de paz se perfilan como variables clave en la definición del voto ciudadano.
