Bogotá exige reformulación de la Ley de Competencias del Gobierno Petro
La administración distrital de Bogotá, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, ha hecho un llamado formal al Congreso de la República para que reconsidere y replantee completamente el proyecto de Ley de Competencias impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según las autoridades capitalinas, la iniciativa legislativa "no resuelve el problema de fondo" en las relaciones entre la Nación y los territorios, y podría terminar profundizando las desigualdades regionales en lugar de reducirlas.
Argumentos centrales de la alcaldía capitalina
Miguel Silva, secretario General de Bogotá y considerado una de las manos derechas del alcalde Galán, explicó en entrevista con medios que el proyecto requiere una reformulación sustancial. "Si no se corrigen los vacíos presentes en la propuesta actual, una nueva ley podría debilitar aún más la capacidad de los territorios para responder adecuadamente a sus responsabilidades constitucionales", afirmó el funcionario.
La iniciativa gubernamental, radicada a finales de 2025, busca incrementar progresivamente los recursos para municipios y departamentos hasta alcanzar un 39,5% del presupuesto nacional, con el objetivo declarado de fortalecer la inversión en educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Sin embargo, según Silva, el debate se ha concentrado excesivamente en la distribución de recursos sin abordar adecuadamente la definición clara de responsabilidades.
La necesidad de mayor autonomía para Bogotá
"La discusión debe ser más amplia", insistió Silva Moyano. "No solo es un tema de plata, por supuesto vamos a necesitar recursos, pero también necesitamos que nos den más dientes para poder gestionar temas de seguridad, ambientales, servicios públicos... Bogotá debería tener más autonomía para muchas cosas".
El secretario General argumentó que la descentralización en Colombia, impulsada desde la Constitución de 1991, quedó incompleta. Según su análisis, el país avanzó en la transferencia de recursos pero no en la asignación efectiva de competencias ni en el fortalecimiento de la capacidad institucional de los territorios.
Problemas específicos que enfrenta la capital
Silva expuso varios ejemplos concretos de las limitaciones que enfrenta Bogotá:
- Seguridad pública: La capital tiene "un problema grave de seguridad" compartido con otras ciudades, pero existe un "problema de coordinación multinivel" que impide aumentar el pie de fuerza policial. "Bogotá lleva por lo menos 8 años proponiéndole al Gobierno Nacional la posibilidad de financiar un aumento del pie de fuerza, incluso con recurso propio, pero no se ha podido".
- Distribución policial: De las 32 ciudades capitales, Bogotá ocupa el penúltimo lugar en el escalafón de distribución de policías per cápita, a pesar de ser la ciudad con la economía más fuerte del país.
- Cargas compartidas: La capital está asumiendo responsabilidades que deberían ser compartidas con el Gobierno Nacional, como la atención a población migrante, víctimas del conflicto y ciudadanos de otras regiones. Solo en atención a migrantes, la ciudad destinó medio billón de pesos el año pasado.
Desigualdades internas y necesidades diferenciadas
El funcionario destacó que, aunque Bogotá tiene menores indicadores porcentuales de pobreza que otras ciudades como Quibdó (19,6% frente a 56%), en términos absolutos la capital concentra aproximadamente 1,5 millones de personas en condición de pobreza. "Si no le ponemos cuidado a esto, vamos a profundizar la pobreza en Bogotá. Esos 1,5 millones de pobres en Bogotá también son colombianos y necesitan los recursos de la Nación", afirmó.
Adicionalmente, Silva señaló que Bogotá no puede entenderse como un solo ente territorial homogéneo. La concentración de pobreza en el sur de la ciudad es evidente, y el proyecto de ley "debería entender esas diferencias al interior de los entes territoriales".
Reformas constitucionales necesarias
Finalmente, el secretario General de Bogotá consideró que se requiere una reforma a la Constitución de 1991 y una modificación del Estatuto Orgánico de Bogotá, que ya tiene más de 30 años. También mencionó la necesidad de aclarar las categorías de distritos, ya que "no todos los distritos son iguales ni tienen la misma condición".
"Deberíamos trabajar en esa perspectiva de la diferenciación de esos distritos", concluyó Silva, enfatizando que el centro del debate debe ser la distribución real de responsabilidades y la capacidad de gestión de alcaldes y gobernadores, especialmente en un contexto donde las dinámicas urbanas han cambiado radicalmente en las últimas décadas.
