Santander bajo el abandono presidencial: una región estratégica ignorada
La cuarta economía de Colombia, responsable del 6,4% del Producto Interno Bruto nacional, enfrenta un claro desinterés por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. El tratamiento dispensado a Santander ha sido abiertamente displicente, trascendiendo el simple rezago en inversiones para manifestarse en la precaria infraestructura vial y la falta de apoyo a proyectos estratégicos durante su administración.
La Variante de San Gil: símbolo de promesas incumplidas
La cancelación de la licitación por $66.495 millones para la Variante de San Gil representa apenas el ejemplo más reciente de este incumplimiento sistemático. Esta obra se ha convertido en el emblema de las promesas gubernamentales rotas hacia una región que contribuye significativamente a la economía nacional.
Bloqueos que paralizan: seis días de crisis económica
Al ya complejo panorama se suma un episodio que evidencia las contradicciones del mandatario y la politización de sus decisiones frente a Santander. Los bloqueos viales, que cumplen seis días consecutivos, generan un impacto devastador en la dinámica económica regional y la movilidad ciudadana, con pérdidas diarias estimadas en $120.000 millones según la Alianza por Santander.
Declaraciones presidenciales que encienden la confrontación
Este lunes, el presidente Petro profundizó las divisiones en lugar de tender puentes para resolver la crisis. A través de la red social X, lanzó mensajes cargados de amenazas y confrontación que funcionan como combustible para el caos generado por los bloqueos del llamado 'Paro Nacional Catastral'.
El mandatario planteó como solución construir un nuevo acuerdo presupuestal con alcaldes y concejos para reducir la carga tributaria a propietarios de bajos ingresos, proceso que según él tardaría solo 15 días. Sin embargo, acompañó esta propuesta con una advertencia contundente: "alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público, salen de inmediato de su cargo por orden mía".
La respuesta institucional desde Santander
Desde la Gobernación respondieron recordando al presidente que su función no es promover paros ni respaldar vías de hecho. Señalaron que el origen del conflicto se encuentra en la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que elevó desproporcionadamente los avalúos catastrales en cerca de 500 municipios.
Los casos más extremos muestran predios que pasaron de $200 millones a $2.600 millones en su avalúo, dejando a los propietarios frente a cargas tributarias imposibles de asumir. Esta situación explica el descontento social que ha derivado en las protestas actuales.
Consecuencias tangibles del paro vial
Los efectos de los bloqueos son palpables en múltiples dimensiones:
- 32 vehículos cargados con aceite crudo de palma permanecen detenidos, con pérdidas que rondan los $12.000 millones
- Incremento en los precios de la canasta familiar por la falta de alimentos
- Dificultades de movilidad hacia el Aeropuerto Palonegro, la principal terminal aérea del oriente colombiano
- Pasajeros, incluyendo niños y ancianos, deben caminar kilómetros bajo condiciones climáticas adversas para no perder sus vuelos
- Pacientes que requieren atención médica urgente en Bogotá ven frustradas sus esperanzas ante los bloqueos
El desconocimiento del ordenamiento jurídico
Las afirmaciones del presidente Petro sobre que quienes no acaten sus decisiones deberían abandonar sus cargos revelan un preocupante desconocimiento del ordenamiento jurídico y la división de poderes. Esta postura contradice la democracia que proclama en escenarios nacionales e internacionales y dificulta el consenso necesario para enfrentar la crisis.
La mesa de negociación: camino institucional frente a la fuerza
Se ha establecido una mesa de negociación unificada en Bogotá, representando el escenario correcto, democrático y civilizado para tramitar las exigencias del movimiento. Sin embargo, los bloqueos persisten a pesar de la existencia de este espacio institucional de diálogo.
El Gobierno Nacional tiene la obligación legal y moral de atender adecuadamente las reclamaciones de los negociadores, evitando trámites interminables y silencios dilatorios. Paralelamente, los voceros de la protesta tienen la misma obligación de levantar los bloqueos y permitir el libre desplazamiento por las carreteras.
El desprestigio progresivo de una causa justa
Con el paso de los días, lo que comenzó como un reclamo legítimo se transforma gradualmente en una presión que desprestigia al propio movimiento. Cuando una lucha afecta directamente a la comunidad, debilita el apoyo popular, erosiona la legitimidad y pierde sintonía con la opinión general.
Como señala este medio con la autoridad moral de sus 106 años de historia: la libertad de unos termina donde empieza la libertad de los otros. Seis días consecutivos de bloqueos empiezan a parecer menos una protesta y más un cerco a la población, atropellando derechos fundamentales de ciudadanos que necesitan acceder a hospitales, trabajos o simplemente regresar a sus hogares.
