Colombia transita por zona gris de tensión institucional creciente
Colombia atraviesa actualmente un momento de creciente tensión institucional que preocupa a analistas y ciudadanos por igual. No se trata de una ruptura abierta del orden democrático, pero tampoco de una situación de plena normalidad. Más bien, el país parece transitar por una zona gris en la que las reglas del juego comienzan a tensionarse peligrosamente, generando incertidumbre sobre el futuro del sistema político.
Choques entre poderes del Estado se intensifican
En este año 2026, los conflictos entre diferentes ramas del poder público se han hecho evidentes:
- Primero fue el choque entre el Ejecutivo y el poder judicial por la suspensión de los decretos de emergencia económica y del salario mínimo.
- Luego, la confrontación entre el presidente y el sistema electoral por un supuesto fraude que nunca se materializó.
- Más recientemente, el desacuerdo del Gobierno con el Banco de la República ha añadido otra capa de tensión institucional.
Propuesta de asamblea constituyente en contexto polarizado
El Gobierno —apoyado por el Pacto Histórico y avalado por Iván Cepeda— ha utilizado estas tensiones y algunas del pasado para justificar la convocatoria de una asamblea constituyente. No hay duda de que se trata de un mecanismo democrático en teoría, pero la experiencia comparada invita a la cautela.
Reformas constitucionales impulsadas desde el Gobierno, incluso con legitimidad electoral, han derivado en concentraciones de poder difíciles de revertir, como ocurrió en Venezuela y otros países de la región. El problema no es la constituyente en sí, sino el contexto actual en el que se propone:
- Alta polarización ideológica entre sectores políticos.
- Presencia de grupos armados que ejercen control territorial en varias regiones.
- Una profunda desconfianza entre gobierno y oposición que dificulta el diálogo.
Este escenario resulta muy distinto al de 1991, cuya constituyente estuvo precedida por amplios consensos políticos y un clima de reconciliación nacional.
Radicalización de la oposición y riesgos para la democracia
El optimismo del Pacto Histórico y de Iván Cepeda parece no permitirles advertir que la oposición también transita hacia posiciones cada vez más radicales. Figuras como Abelardo De la Espriella encarnan una reacción que, en nombre del orden y la estabilidad, podría justificar medidas excepcionales desde el otro extremo del espectro político.
El riesgo, por tanto, no es exclusivo de un solo sector ideológico. En este contexto, el país podría enfrentarse en el próximo cuatrienio a un escenario inquietante: que cualquiera de los extremos en disputa, una vez en el poder, impulse reformas profundas —incluida una eventual constituyente— con efectos potencialmente regresivos sobre la democracia colombiana.
Erosión democrática: proceso gradual pero peligroso
Lo anterior no significa que estemos condenados a una deriva autoritaria inmediata. Significa reconocer que en el siglo XXI las democracias no colapsan de manera abrupta, sino que se deterioran gradualmente a través de un proceso identificado por expertos en ciencia política:
- Fase de erosión democrática: Caracterizada por lento y continuo desgaste de las normas, instituciones y prácticas democráticas.
- Fase de desconsolidación: En la que se debilitan los controles institucionales y los consensos básicos sobre las reglas del juego.
- Regresión democrática: Que abre paso a regímenes iliberales o autoritarios si no hay correctivos oportunos.
A las puertas de una elección presidencial, Colombia parece encontrarse hoy en esa primera fase de erosión. Las tensiones institucionales, la polarización política y la desconfianza entre actores clave están desgastando los fundamentos del sistema democrático.
Futuro incierto: 2030 como punto de definición
En 2030 sabremos si avanzamos hacia escenarios más críticos o si, por el contrario, prevalece una visión moderada capaz de preservar y fortalecer las instituciones democráticas. La pregunta clave entonces no es quién nos seduce electoralmente en el corto plazo, sino qué límites estamos dispuestos a defender como sociedad para proteger el sistema democrático en el largo plazo.
El momento actual exige reflexión profunda sobre los riesgos que enfrenta la democracia colombiana y sobre las responsabilidades compartidas para protegerla de procesos de erosión que, aunque graduales, pueden resultar irreversibles si no se actúa a tiempo.
