De la indignación social a la indiferencia selectiva: Colombia banaliza sus crisis
El país parece sumido en un estado de anestesia colectiva frente a los escándalos recurrentes de corrupción, clientelismo político y desfalcos al erario público. Lo que antes generaba furia y protestas masivas, hoy se diluye en justificaciones y silencios cómplices, marcando una transición preocupante en la conciencia nacional.
El contraste entre dos realidades políticas
Hace apenas unos años, Colombia ardía en protestas por una reforma tributaria que, en retrospectiva, resultaría más moderada que las implementadas en el gobierno actual. La ciudadanía cuestionaba vehementemente a un ministro de Hacienda por desconocer el precio de productos básicos, acusándolo de elitismo y desconexión con la realidad del pueblo colombiano.
Hoy, en marcado contraste, el país observa con pasividad cómo se suceden escándalos de corrupción que afectan directamente a millones de colombianos. La ejecución presupuestal muestra avances casi nulos, las obras públicas no progresan y las promesas del plan de gobierno se desvanecen en discursos ideológicos sin sustento práctico.
La vara moral cambiante
La pregunta que surge es inevitable: ¿qué estaría ocurriendo en Colombia si los escándalos que rodean al gobierno de Gustavo Petro hubiesen sucedido durante la administración de Iván Duque? Probablemente, los estallidos sociales serían constantes y la indignación ciudadana alcanzaría niveles históricos.
La realidad actual demuestra que la vara moral ha cambiado radicalmente. No porque los hechos sean menos graves, sino porque la indignación se ha vuelto selectiva, dependiendo de quién ostente el poder en lugar de la gravedad objetiva de los actos.
Crisis fiscal agravada por el derroche
La crisis fiscal del país es tangible y se profundiza día a día con el derroche de recursos públicos, los desvíos documentados en la UNGRD, el manejo cuestionado del FOMAG y las denuncias sobre compra de apoyos en el Congreso para aprobar reformas estructurales.
Mientras tanto, regiones como Córdoba enfrentan emergencias sociales y climáticas que requieren atención inmediata y recursos que, lamentablemente, han sido malgastados o desviados. Cada peso que no llega a su destino legítimo representa un golpe adicional a las poblaciones más vulnerables del país.
El caso emblemático del sistema de salud
Quizás el ejemplo más doloroso de esta banalización de la crisis sea el del sistema de salud colombiano. El gobierno nacional no ha asumido responsabilidad alguna por la profundización de esta emergencia sanitaria.
Esta semana falleció Kevin, un niño que no pudo recibir su medicamento contra la hemofilia por parte de la Nueva EPS, entidad actualmente intervenida y bajo control directo del Gobierno Nacional. En lugar de reconocer fallas estructurales, se insinuó que la responsabilidad recaía en su entorno familiar, llegando a sugerir que un niño con hemofilia no debería montar bicicleta, afirmación médicamente insostenible y éticamente reprochable.
La transformación de figuras cuestionadas
La coherencia política brilla por su ausencia cuando observamos el rol que hoy desempeñan figuras como Armando Benedetti o Roy Barreras. Políticos con serios cuestionamientos éticos que, de manera repentina, son presentados como "líderes del cambio" y aliados necesarios.
Estos mismos personajes que ayer simbolizaban lo peor de la política tradicional hoy gozan de una absolución automática, demostrando cómo el poder ha dejado de ser objeto de sospecha para convertirse en espacio de impunidad.
El verdadero riesgo nacional
De la vandalización a la banalización hay un solo paso: el de la conveniencia política. La indignación ciudadana ha dejado de ser un principio ético para convertirse en herramienta partidista, manipulada según intereses coyunturales.
El verdadero peligro no radica únicamente en la corrupción, la crisis fiscal o el deterioro institucional. El riesgo más profundo es que como sociedad nos acostumbremos, normalicemos lo anormal y dejemos de exigir con la misma fuerza con la que antes protestábamos.
Colombia ha transitado de exigirlo todo a justificarlo todo, y esta transición moral representa una amenaza mucho más grave que cualquier reforma, decreto o escándalo aislado. La pérdida de humanidad colectiva es el precio más alto que puede pagar una nación.
