El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, defendió la expedición del Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, que ordena a las administradoras de fondos privados de pensiones (AFP) trasladar cerca de 25 billones de pesos hacia el régimen público. Según Dussán, la medida no solo tiene sustento legal, sino que responde a una situación de incertidumbre jurídica que exigía decisiones administrativas inmediatas.
Contexto del decreto
El decreto fue el resultado de un proceso de trabajo previo entre Colpensiones, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. Las AFP habían sido informadas con antelación sobre su contenido, en un contexto marcado por la demora de la Corte Constitucional en pronunciarse sobre aspectos clave de la reforma pensional, particularmente relacionados con la Ley 2381.
Dussán señaló: “Llevamos más de dos años esperando una definición, pero mientras tanto sigue vigente el artículo 76”. Bajo esta premisa, explicó que miles de afiliados que decidieron trasladarse desde el régimen de ahorro individual (RAI) hacia Colpensiones deben hacerlo junto con sus recursos.
Recursos de los afiliados
Los 25 billones de pesos corresponden al ahorro acumulado de más de 119 mil personas que ya cambiaron de sistema. El Gobierno insiste en que no se trata de una apropiación indebida de recursos privados, sino de una transferencia asociada a derechos individuales. “Cuando una persona se traslada, lo hace con su dinero”, afirmó Dussán, al recordar que la Ley 100 establece que los afiliados no pueden permanecer simultáneamente en dos regímenes pensionales.
Liquidez y alternativas
Uno de los puntos más controvertidos ha sido la posibilidad de que las AFP no cuenten con liquidez inmediata para cumplir con la transferencia. Frente a esto, el decreto contempla la opción de recibir títulos o activos financieros en lugar de dinero en efectivo. Esta alternativa ha generado inquietud en el sector privado, lo que llevó a la convocatoria de una mesa técnica con la Superintendencia Financiera para aclarar responsabilidades y procedimientos.
Impacto económico
Dussán también cuestionó las críticas sobre el impacto económico de la medida. En su opinión, el monto en discusión es marginal frente al volumen total de recursos administrados por los fondos privados, que superan los 500 billones de pesos, muchos de estos invertidos en el exterior. “Esto es un pelo de un gato comparado con el total de los recursos”, afirmó, sugiriendo que el debate ha sobredimensionado el efecto del decreto.
Transformación del modelo pensional
Desde la perspectiva del Ejecutivo, la medida también se enmarca en un cambio más amplio en la orientación de la política económica y social del país. Dussán subrayó que la actual administración busca transformar el modelo pensional hacia uno más equitativo, alineado con el mandato político expresado en las urnas.
Por último, el presidente de Colpensiones reiteró que los recursos trasladados serán administrados conforme a las normas vigentes, principalmente a través de la fiduciaria estatal, y destinados a respaldar obligaciones del sistema pensional público. “Aquí no hay ninguna ilegalidad; estamos aplicando la ley vigente y garantizando los derechos de los afiliados”, concluyó.
