Congreso convoca a debate de control político por escándalos paralelos
El representante a la Cámara por Boyacá, Eduar Triana, del partido Centro Democrático, ha radicado documentos oficiales para llevar a debate de control político a dos altos funcionarios del gobierno nacional: Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Daniel Rojas, ministro de Educación Nacional.
Esta acción legislativa surge tras el escándalo desatado por declaraciones de la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, que ha puesto en evidencia dos crisis institucionales paralelas que amenazan la transparencia en el uso de recursos públicos.
La Mojana: billones en riesgo y sombras de corrupción
El cuestionario dirigido a Carlos Carrillo adopta un tono particularmente fuerte, recordando explícitamente el reciente desfalco en la UNGRD que involucró desvío de recursos públicos y compras irregulares de carrotanques. El documento interpela directamente al funcionario: "¿Qué medidas concretas ha tomado usted para garantizar que hoy no se repitan esquemas de contratación amañada?".
La citación exige claridades urgentes sobre los recursos destinados a salvar a aproximadamente 30.000 habitantes de la región de La Mojana, específicamente sobre la decisión de no asignar estos fondos a una misión internacional que garantice veeduría y control. El punto más álgido del cuestionario rescata una declaración de Angie Rodríguez que señala la existencia de un presunto concierto para delinquir de más de 20 funcionarios, entre los que se mencionan al propio Carrillo y a Juliana Guerrero, quien controla el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
El documento también pone bajo la lupa el contrato denominado "la ruta del arroz", una adjudicación por 36.211 millones de pesos firmada para reactivar la economía de La Mojana, que actualmente enfrenta sospechas por retrasos técnicos, presuntos favorecimientos políticos y su curiosa relación con la misma entidad educativa que otorgó títulos a Guerrero.
Diplomas universitarios fraudulentos en el Ejecutivo
Por otro lado, el cuestionario radicado para el ministro Daniel Rojas es igualmente contundente, exigiendo respuestas concretas sobre la inoperancia de su cartera frente a la Fundación Universitaria San José, institución acusada de emitir diplomas de forma irregular.
El congresista Triana exige al ministro detallar las medidas sancionatorias ejecutadas contra esta fundación y cuestiona si la universidad "sigue operando como si nada mientras avanzan las investigaciones". La crisis institucional se agravó significativamente tras las declaraciones de Angie Rodríguez, quien detectó graves inconsistencias en la hoja de vida de Juliana Guerrero.
Según los documentos de control político, Guerrero habría afirmado inicialmente ser contadora de la Universidad Popular del Cesar y, en un lapso de apenas 15 días, presentó acreditaciones de la Fundación San José para avalar su perfil profesional. El Congreso exige saber quién responderá por estos posibles títulos irregulares y si existen investigaciones formales contra las instituciones educativas implicadas en este escándalo.
Estos cuestionarios oficiales representan una presión legislativa significativa sobre dos ministerios clave del gobierno, en momentos donde la transparencia y la legitimidad de las instituciones públicas están bajo escrutinio nacional. Los debates de control político prometen revelaciones importantes sobre el manejo de recursos para emergencias y la validación de credenciales académicas en las altas esferas del poder ejecutivo colombiano.
