El Consejo Gremial Nacional emitió un pronunciamiento en el que expresó su respaldo a la administración de justicia colombiana y a las decisiones de los jueces de la República, en el marco de sus funciones constitucionales y legales.
Apoyo institucional a la justicia
La organización gremial manifestó su apoyo institucional a la administración de justicia y a las principales cortes del país, incluyendo el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, extendió su respaldo a los jueces que interpretan y aplican el ordenamiento jurídico dentro de los marcos constitucional y legal vigentes.
Llamado al respeto de las decisiones judiciales
El Consejo Gremial Nacional señaló que en una democracia constitucional, las decisiones judiciales pueden ser analizadas y debatidas públicamente, así como impugnadas mediante los recursos previstos en la ley. Sin embargo, precisó que dicho debate debe realizarse dentro de las instituciones y con respeto a la independencia de la rama judicial, la dignidad de los jueces y la legitimidad de las altas cortes.
Entre los aspectos destacados en la reunión, se mencionó la descalificación de providencias judiciales, la atribución de motivaciones ajenas al derecho y los señalamientos personales contra los representantes de la ley. Según el gremio, la separación de poderes es una garantía del sistema constitucional para el equilibrio institucional, la protección de derechos y el control del ejercicio del poder público. Recordaron que el control judicial sobre las actuaciones de las autoridades es parte del diseño constitucional que establece límites al Estado.
Responsabilidad institucional
Finalmente, el Consejo Gremial Nacional hizo un llamado al Gobierno Nacional, a los servidores públicos, líderes políticos y sectores sociales para que actúen con responsabilidad institucional y respeten las decisiones judiciales. Añadieron que la estabilidad institucional depende del fortalecimiento de las instituciones, el correcto funcionamiento de los controles entre poderes y un debate público que reconozca la Constitución como marco común y pilar fundamental para la regulación de leyes y proyectos, tanto del gobierno como de otras orillas políticas.
El sector empresarial reiteró su compromiso con el Estado Social de Derecho, la independencia judicial, la seguridad jurídica y el respeto por la Constitución, considerándolos elementos vitales para garantizar la confianza institucional, la actividad económica y el desarrollo del país.
