La constituyente de Petro: ¿camino hacia una dictadura constitucional?
La propuesta de convocar una asamblea constituyente por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado profundas alarmas entre juristas, analistas políticos y defensores de la democracia colombiana. La advertencia es clara y contundente: al ignorar los mecanismos de reforma que ya ofrece la Constitución de 1991, esta iniciativa responde exclusivamente a una decisión política que podría tener consecuencias devastadoras para el sistema democrático.
Un riesgo real y tangible
"La vieja práctica de los tiranos es usar una parte del pueblo para tener sometida a la otra parte", escribió alguna vez Thomas Jefferson, y esta frase resuena con inquietante actualidad en el debate constitucional colombiano. Según analistas como Humberto de la Calle, una constituyente sin temario previamente delimitado puede terminar sustituyendo integralmente la Constitución, abriendo la puerta a cambios mucho más amplios de lo necesario.
Therry Ways, por su parte, señala que la idea de que Colombia necesita ser refundada parte de un diagnóstico exagerado de crisis. Esta percepción de emergencia nacional termina justificando transformaciones radicales que podrían alterar irreversiblemente el equilibrio de poderes. Los promotores de la constituyente, advierten los expertos, tratarán de ocultar sus verdaderos objetivos detrás de un discurso de renovación democrática.
La concentración de poder en el Ejecutivo
El peligro fundamental radica en que, si una asamblea constituyente permite al Ejecutivo definir las reglas, actores y límites del sistema político, esta concentración de autoridad fracturaría casi de manera irreversible la democracia liberal tal como la conocemos en Colombia. Cuando las reglas de juego dejan de ser estables, cuando se amplían desmedidamente los márgenes de acción del presidente, y cuando los contrapesos institucionales como el poder legislativo y judicial pierden efectividad, lo que se está edificando es precisamente una dictadura constitucional.
Manuel José Cepeda, reconocido jurista y expresidente de la Corte Constitucional, ha expresado sus temores con particular claridad. Según Cepeda, al no existir una agenda de temas predefinida, la iniciativa carece de parámetros claros y no busca construir consenso genuino. "Se elegiría una asamblea cuya competencia es ilimitada en cuanto a la organización y la distribución del poder", advierte el jurista, "al punto que podría extenderse el periodo del presidente y establecer la reelección presidencial indefinida".
Graves problemas de inconstitucionalidad
Cepeda ha resaltado además que el proyecto "no incluye controles políticos ni parámetros de legitimidad democrática", lo que podría llevar directamente a derivas autoritarias. El expresidente de la Corte Constitucional identifica múltiples problemas de inconstitucionalidad en la propuesta:
- Omite regular adecuadamente el sistema electoral
- Introduce una especie de corporativismo social contrario al pluralismo democrático
- Desconoce el principio de indivisibilidad de la soberanía popular
- Delega en el presidente la fijación de reglas de juego que competen exclusivamente al Congreso
El aspecto del corporativismo es particularmente preocupante, ya que esta característica ha sido fundamental en constituciones de corte fascista que organizan la representación política por grupos funcionales o sociales, en lugar de hacerlo por individuos. Al otorgar al Ejecutivo la facultad de reglamentar quiénes serían los constituyentes y cómo participan, la constituyente propuesta por Petro y el Pacto Histórico haría trizas el principio fundamental de que todos los colombianos somos iguales ante la ley y que todos tenemos derecho a un voto que no puede pesar más que el de otro ciudadano.
El contexto de corrupción
Mientras este debate constitucional se desarrolla, la portada de la revista Semana reseña una trama de corrupción en Invías que involucra la compra del apoyo político de más de treinta congresistas. Este escándalo, que según analistas parece una copia más nauseabunda y burda que la corruptela de la UNGRD, ocurre precisamente en el momento en que se discute una reforma constitucional que podría concentrar aún más poder en manos del Ejecutivo.
La advertencia de Jefferson sobre el peligro de usar una parte del pueblo, escogida a dedo, para mantener sometida a la otra parte, adquiere así una relevancia escalofriante en el contexto colombiano actual. No se trata de un riesgo potencial o hipotético, sino de una amenaza real y tangible que podría alterar para siempre el equilibrio democrático de la nación.
