Contraloría advierte graves fallas en decreto de emergencia económica del gobierno Petro
La Contraloría General de la República envió este viernes un concepto negativo a la Corte Constitucional sobre la viabilidad del decreto de emergencia económica declarado por el gobierno del presidente Gustavo Petro en febrero pasado. El órgano de control identificó serias inconsistencias técnicas en los cálculos presupuestales y justificaciones presentadas por el Ejecutivo para enfrentar la emergencia ambiental causada por el Frente Frío que afectó especialmente al departamento de Córdoba.
Diferencias sustanciales en cálculos y justificaciones
Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y las Finanzas, explicó en entrevista exclusiva que la evaluación técnica encontró "diferencias significativas en los cálculos presupuestales y en las áreas afectadas". Mientras el Gobierno Nacional reportó 113 mil hectáreas afectadas, la Contraloría estableció que solo 66 mil hectáreas realmente sufrieron impactos, lo que marca una brecha importante en la necesidad presupuestal justificada.
"Nuestro equipo identificó que, de lo reportado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hay hectáreas que realmente no son inundables y aun así fueron incluidas", señaló Lindo. La Contraloría cuenta con una unidad de geomática que monitoriza en tiempo real el territorio nacional, permitiendo verificar con precisión las áreas realmente afectadas.
Inconsistencias en beneficiarios y estructuración de acciones
La contralora detalló múltiples problemas encontrados durante la revisión:
- Duplicidades en presupuestos y beneficiarios de alivios financieros
- Errores metodológicos en la estimación de rubros presupuestales
- Sobreestimaciones de los recursos requeridos
- Falta de claridad en criterios de priorización y focalización
"Encontramos inconsistencias aritméticas como duplicidades de presupuestos, duplicidades de beneficiarios, errores metodológicos en la estimación de algunos rubros presupuestales y hasta sobreestimaciones de los recursos requeridos", afirmó Lindo.
Falta de planeación en intervenciones de vivienda
Uno de los hallazgos más preocupantes se relaciona con las intervenciones en vivienda. El Ministerio de Vivienda solicitó 728 mil millones de pesos, pero la Contraloría, aplicando análisis básicos de necesidad, calculó un costo de 705 mil millones de pesos.
"No se evidencian con claridad los criterios de priorización y focalización que hicieron para ejecutar recursos en materia de vivienda", explicó la contralora. "No se encuentra qué tipo de viviendas van a hacer, en qué zonas específicamente, en qué calidad, en qué tiempo. No hay planeación".
Ausencia de política pública para emergencias
La Contraloría también advirtió sobre la falta de una política pública integral para atender emergencias y desastres en Colombia. "Al día de hoy, el Estado colombiano no cuenta con una política pública de atención a emergencias y desastres", señaló Lindo.
"¿Cuántas emergencias ha atendido el país? Esto es un tema casi que de todos los años en Colombia. La decisión principal cuando tienes una política pública es poder asignar recursos para tenerlos reservados para la atención de emergencias, y no que cada vez que haya una emergencia se tengan que crear impuestos".
Compromiso con el control de recursos públicos
Pese a reconocer la necesidad de intervenciones en áreas como vivienda, salud, infraestructura, educación y medio ambiente, la Contraloría insiste en que las justificaciones presentadas por el gobierno "no son consistentes financiera ni presupuestalmente".
"Hicimos un trabajo realmente pensando en los ciudadanos, técnico y objetivo", afirmó Lindo. "Estamos esmerados en hacer vigilancia y control para que los recursos que se están recaudando con estos impuestos vayan realmente para atender esta emergencia y no para otra cosa".
La contralora enfatizó que su evaluación responde específicamente a lo solicitado por la Corte Constitucional: conceptuar sobre la pertinencia y consistencia de las justificaciones del Gobierno Nacional para el decreto de emergencia económica, sin realizar cálculos alternativos sobre los recursos realmente necesarios.
