Contratos de Nerú con el Gobierno superan los $276 millones
Un nuevo contrato firmado a finales de enero ha vuelto a poner en el centro de atención los vínculos contractuales del bailarín y coreógrafo Nerú Martínez Carrillo con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Firma estratégica antes de la Ley de Garantías
Según información revelada por el diario El Tiempo, Martínez Carrillo suscribió el 29 de enero de 2026 un acuerdo por 36 millones 62 mil pesos, apenas dos días antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías. Este contrato se suma a una serie de acuerdos que el artista ha mantenido con la entidad gubernamental desde agosto de 2022.
La cronología de estos contratos muestra un patrón interesante:
- Inicio de contratación: agosto de 2022, un mes después de la posesión del presidente Gustavo Petro
- Primer reporte público: agosto de 2024, cuando se reveló que los contratos sumaban $176 millones 319 mil 621 pesos
- Contratos adicionales: en menos de dos años posteriores a ese reporte, el bailarín recibió $100 millones 214 mil 400 pesos adicionales
- Total acumulado: $276 millones 534 mil 21 pesos
Modalidad de contratación y vínculos previos
Todos estos acuerdos han sido realizados bajo la modalidad de contratación directa y por prestación de servicios. Esta forma de contratación, aunque legal, ha generado preguntas sobre los procedimientos seguidos en estos casos particulares.
El medio también señaló que Martínez Carrillo mantiene cercanía con la Primera Dama, Verónica Alcocer, y que su experiencia como contratista estatal no comenzó con el Dapre. Anteriormente, entre el 18 de diciembre de 2012 y el 2 de enero de 2013, estuvo vinculado con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD).
Contexto político y revisión de datos
Una revisión en la plataforma Secop, citada por El Tiempo, confirma la información sobre los montos y fechas de estos contratos. El bailarín, reconocido por las llamadas "Nerumbas" y programas de baile y acondicionamiento físico, ha mantenido esta relación contractual durante prácticamente todo el gobierno actual.
La firma del contrato más reciente, justo antes de la implementación de la Ley de Garantías, ha generado particular interés. Esta ley establece nuevas regulaciones y controles para los procesos contractuales del Estado, lo que hace especialmente relevante el momento exacto de esta última adjudicación.
El caso de Nerú Martínez se enmarca en un contexto más amplio de contratación estatal que ha sido objeto de escrutinio público en los últimos años. La transparencia en los procesos de contratación directa sigue siendo un tema de debate en la administración pública colombiana.
