Colombia enfrenta grave deterioro institucional por uso excesivo de estados de excepción
Un análisis detallado revela que el actual gobierno colombiano ha establecido un patrón preocupante en el manejo de las crisis nacionales. Durante tres años y medio de administración, se han decretado formalmente cuatro estados de excepción, aunque los anuncios no materializados elevarían esta cifra a ocho ocasiones. Esto significa que, en promedio, cada año se ha intentado implementar dos estados de excepción, lográndose finalmente uno por ejercicio anual.
Consecuencias del debilitamiento institucional
Esta práctica ha creado una situación donde el ejecutivo opera con menos controles y contrapesos de lo establecido constitucionalmente. El gobierno ha manifestado visible incomodidad frente a instituciones autónomas como el Banco de la República, el Consejo de Asuntos Fiscales (CARF), y los frenos ejercidos por organismos de control como la Contraloría, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral.
La estrategia presupuestal ha sido particularmente reveladora. En dos oportunidades distintas, se han presentado presupuestos desfinanciados, buscando posteriormente leyes de financiamiento que compensen las deficiencias en gestión fiscal. Cuando este mecanismo falla, se recurre a decretar estados de emergencia económica, como ocurrió en el año 2025.
Impacto económico y democrático
Las consecuencias de este enfoque gubernamental son profundas y multifacéticas:
- Colombia ocupa actualmente el segundo lugar entre los países de la OCDE con el mayor déficit fiscal a nivel mundial
- Se ha perdido la histórica reputación de macroprudencia reconocida por inversionistas internacionales y agencias calificadoras
- El costo del riesgo país ha experimentado un incremento sustancial, fluctuando entre el 35% y el 60% adicional
- La inversión privada en relación al Producto Interno Bruto registra sus peores cifras en más de tres décadas
- La confianza ciudadana en las instituciones, la democracia y la economía nacional se ha deteriorado significativamente
- Problemas estructurales en sectores vitales como salud y energía tienen consecuencias humanas directas
- La inseguridad y actividades ilegales crecen a tasas de dos dígitos, limitando el acceso a territorios nacionales
Una alerta para la democracia colombiana
El análisis compara esta situación con la metáfora de "sapos en una olla de agua que se calienta gradualmente". La sucesión constante de noticias, escándalos y eventos violentos en la agenda pública ha impedido que la ciudadanía perciba completamente la peligrosidad de esta trayectoria institucional.
La democracia colombiana y su economía reciben heridas profundas de lo que se describe como "autoritarismo legislativo y ejecutivo". La institucionalidad colombiana, reconocida históricamente como la más antigua y sólida de Latinoamérica, enfrenta desafíos sin precedentes.
Llamado a la reflexión electoral
Frente a este panorama, el análisis concluye con un llamado urgente a la ciudadanía. Las elecciones programadas para marzo, mayo y junio de 2026 representan una oportunidad crucial para defender y fortalecer la institucionalidad democrática. Es fundamental respetar los sistemas de pesos y contrapesos, incluso cuando sus decisiones no sean del agrado del gobierno de turno.
La mejora y preservación de estas instituciones es la garantía para evitar que futuros gobiernos abusen de mecanismos extraordinarios o propongan reformas constitucionales manipuladas para gobernar según sus intereses particulares. La democracia colombiana requiere un compromiso renovado con sus principios fundamentales en este momento crítico de su historia.
