La tibieza editorial frente a las contradicciones del gobierno Petro
En respuesta al editorial publicado el 2 de febrero de 2026 por El Espectador, titulado "Gustavo Petro critica al... Gobierno Petro", se hace necesario un análisis más profundo y contundente sobre las anomalías políticas que dicho texto identifica pero no confronta con la firmeza que la situación nacional exige.
La normalización peligrosa de la incompetencia administrativa
El editorial señala con cierta sorpresa condescendiente que el presidente Petro "admite" finalmente la necesidad de recortes presupuestales, presentando esto como un acto de responsabilidad tardía. Esta lectura resulta completamente insuficiente y superficial. No estamos ante un reconocimiento virtuoso, sino ante la admisión forzada de una realidad económica que cualquier administración competente habría anticipado desde el inicio mismo de su gestión.
Cuando los ingresos fiscales no se materializan como se proyectó y el Congreso rechaza sistemáticamente las propuestas económicas del gobierno, la austeridad presupuestal no constituye una opción noble sino una obligación constitucional y técnica impostergable. Presentar esta situación como un mérito presidencial normaliza peligrosamente la incompetencia administrativa y establece un precedente preocupante para la gestión pública colombiana.
La defensa necesaria del Banco de la República
Resulta particularmente preocupante la ligereza con que el editorial trata la respuesta técnica del Banco de la República frente a la crisis económica. El aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés representó el ejercicio responsable y técnicamente fundamentado de la única institución que ha mantenido coherencia institucional en medio del desorden macroeconómico actual.
El Banco de la República cumplió su mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda frente a presiones inflacionarias evidentes, derivadas principalmente de un aumento salarial desproporcionado en un contexto de clara desaceleración económica. Defender la autonomía del Emisor no constituye una posición tecnocrática elitista, sino el reconocimiento básico de que las instituciones técnicas independientes existen precisamente para proteger el interés colectivo de largo plazo frente a decisiones políticas de corto plazo electoral.
La crítica presidencial al Banco de la República no solo carece de fundamento técnico, sino que representa un ataque directo a uno de los pilares institucionales que Colombia ha construido con décadas de aprendizaje doloroso sobre las catastróficas consecuencias de subordinar la política monetaria a los caprichos temporales del ejecutivo.
La abdicación sistemática de responsabilidad presidencial
La estrategia política del presidente Petro de culpar sistemáticamente a funcionarios que él mismo nombró y designó -incluyendo a figuras como Ocampo, Reyes y Sarabia- no puede calificarse simplemente como "curiosa" como sugiere el editorial. Constituye una abdicación sistemática de la responsabilidad inherente al cargo más alto del ejecutivo.
El presidente de la República no es un observador externo de su propio gobierno. Es el diseñador principal de su gabinete ministerial, el orientador fundamental de la política pública nacional y el responsable último de la ejecución gubernamental en todos sus niveles. La pregunta retórica que plantea el editorial ("¿acaso el presidente no estaba al tanto?") merece una respuesta clara y directa.
- O el presidente no estaba al tanto de las decisiones y situaciones de su propio gobierno, evidenciando así una incompetencia administrativa grave
- O sí estaba completamente al tanto y ahora miente deliberadamente para evadir responsabilidades, demostrando una deshonestidad política inaceptable
Ambas opciones resultan igualmente descalificadoras para cualquier gobernante que aspire a ser tomado en serio.
La erosión deliberada de principios constitucionales
El editorial acierta en identificar el problema central pero falla completamente en dimensionar su verdadera gravedad institucional. No estamos ante simples "curiosidades" políticas o anomalías administrativas menores. Nos enfrentamos a la erosión deliberada y sistemática del principio constitucional de responsabilidad presidencial.
En un sistema democrático funcional, el poder ejecutivo responde ante la ciudadanía por los resultados integrales de su gestión completa, no selectivamente por aquellos aspectos que le convienen políticamente. Normalizar esta evasión sistemática de responsabilidades no solo valida un comportamiento profundamente reprobable, sino que establece un precedente extremadamente peligroso para futuras administraciones que podrían replicar esta estrategia de irresponsabilidad institucionalizada.
La democracia colombiana merece un periodismo que no solo identifique problemas, sino que los enfrente con la contundencia crítica que exige la preservación de nuestras instituciones fundamentales.
