Gobierno decreta cuarta emergencia económica para enfrentar inundaciones en Córdoba
En medio de la medianoche del miércoles, el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial firmaron el decreto que establece el cuarto estado de excepción constitucional durante su gobierno, esta vez como respuesta a los devastadores efectos de una atípica y severa oleada invernal que ha sumergido al país en una crisis humanitaria.
La controversia sobre los 8 billones de pesos
Mientras la necesidad de actuar ante la emergencia climática es indiscutible, el debate nacional se centra en la estrategia gubernamental y las cifras presentadas. Inicialmente, el mandatario anunció requerir 16 billones de pesos, misma cantidad que buscaba con el anterior estado de excepción suspendido por la Corte Constitucional, pero luego redujo la cifra a 8 billones.
Esta modificación no calmó las críticas. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo cuestionó abiertamente la exactitud del monto: "¿De dónde sacan que se necesitan 8 billones de pesos? Es clave que nos muestren el detalle. La suma parece desproporcionada y merece una auditoría académica externa".
Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, expresó similar escepticismo: "Lo primero que uno podría llamar en términos de sospecha es que es la mitad del recurso de la ley de financiamiento por 16 billones de pesos". Añadió que resulta prematuro anunciar esa cifra cuando no se han presentado los cálculos que la justifiquen.
La magnitud de la tragedia climática
El decreto de emergencia detalla la devastadora situación que enfrenta el país, particularmente en la región de Córdoba donde seis alcaldes de municipios afectados esperaron sentados en el suelo durante el consejo de ministros realizado en Montería.
Según las motivaciones oficiales, la emergencia ha causado:
- Afectaciones en 111 municipios
- 17 fallecidos
- 254.531 personas y 94.431 familias damnificadas
- 11.216 hectáreas impactadas
- 18.232 viviendas averiadas y 4.099 destruidas
- 183 vías, 45 puentes y 30 acueductos afectados
- 193 centros educativos y 83 centros de salud dañados
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, explicó que los 8 billones corresponden a un estimado para la fase de recuperación, basado en antecedentes históricos y daños preliminares identificados.
Los nuevos impuestos en discusión
La controversia se intensifica con la propuesta de nuevos mecanismos de recaudo. Como los tributos de la anterior emergencia económica están suspendidos y bajo estudio de la Corte Constitucional, el gobierno plantea dos alternativas para obtener los recursos.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, propone un nuevo impuesto al patrimonio para grandes empresas, donde aproximadamente 15.000 compañías pagarían una tarifa adicional:
- 0,6% para empresas con patrimonio líquido de 10.000 millones de pesos
- 1,2% para aquellas con más de 30.000 millones de pesos
Esta iniciativa ha generado fuerte rechazo del sector empresarial. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia, advirtió: "Atacar a las empresas es atacar el empleo, la capacidad de generar trabajo y las oportunidades. Son impuestos que terminan al final afectando a los trabajadores y a las familias".
José Ignacio López, presidente de Anif, señaló que este impuesto prácticamente no existe en otros países y que "solo nos empobrecería más y nos dejaría peor para futuras calamidades".
Inversiones forzosas y críticas adicionales
La segunda propuesta implica implementar inversiones forzosas que destinen recursos del sector financiero para reactivar la producción de alimentos, utilizando mecanismos del Banco Agrario y Bancóldex.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, alertó que una nueva inversión forzosa aumentaría la represión financiera: "Hoy somos el tercer país de la región con mayor represión financiera". Explicó que esto generaría un incremento generalizado de 49 puntos básicos en las tasas de interés, reduciendo la cartera crediticia y afectando el crecimiento económico.
Desde el Banco de la República también expresaron preocupación. Mauricio Villamizar, codirector de la entidad, comentó: "Estamos casi como en modo pandemia sin estar en una pandemia", refiriéndose a la frecuencia de los estados de excepción.
Apoyos y defensa gubernamental
No todas las voces son críticas. El candidato presidencial Juan Fernando Cristo respaldó la medida: "¡Emergencia económica ya! Presidente, la catástrofe humanitaria y social en Córdoba exige medidas urgentes e inmediatas para atender a las víctimas".
El gobierno insiste en la urgencia de los recursos, destacando que las necesidades superan ampliamente la capacidad inicial de respuesta. El Departamento de Prosperidad Social, que normalmente atiende 277.311 hogares, enfrenta una demanda proyectada de cientos de miles de familias adicionales en departamentos como Antioquia, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
Mientras tanto, la discusión continúa sobre la viabilidad técnica, el impacto económico y la transparencia en el manejo de los recursos destinados a enfrentar una de las peores tragedias climáticas en la historia reciente del país.
