Gobierno lanza cuarto decreto de emergencia económica para enfrentar inundaciones en Caribe
En la noche del miércoles, el Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el cuarto decreto de emergencia económica, identificado como el 0150, con el objetivo principal de enfrentar las graves consecuencias de las inundaciones provocadas por un frente frío que ha afectado severamente varios departamentos de la Costa Caribe colombiana, con especial impacto en Córdoba.
Alcance y financiamiento del decreto
El decreto abarcará específicamente ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó. La medida busca recaudar aproximadamente COP 8 billones a través de la implementación de nuevos impuestos temporales que estarán vigentes durante un mes completo. Esta decisión fue anunciada previamente por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien confirmó que el plan inicial del Gobierno era que la Corte Constitucional levantara la suspensión de la emergencia económica decretada en diciembre, para así reactivarla y poder afrontar la actual emergencia climática.
El ministro Benedetti aseguró el pasado 9 de febrero que, si el alto tribunal no atendía el llamado del presidente Petro, "habría un nuevo pedimento de una emergencia económica de un hecho sobreviniente". La emergencia por lluvias ya afecta a 22 departamentos en todo el país, dejando a miles de familias en situación de vulnerabilidad y requiriendo una respuesta inmediata por parte del Estado.
Reacciones y oposición al decreto
Frente a esta decisión gubernamental, las opiniones en el país se encuentran profundamente divididas. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien anteriormente se opuso al decreto de emergencia económica debido a los impuestos aplicados a licores y cigarrillos, y que formó parte de la llamada 'rebelión de los gobernadores', ha manifestado su rechazo al nuevo decreto.
Toro cuestiona que los recursos necesarios para atender la calamidad generada por la ola invernal ya existen y se encuentran disponibles en las bolsas de regalías que no han sido ejecutadas. "En el decreto de emergencia, permita que estos recursos se destinen a atender los estragos generados por las lluvias en los territorios. Esa es su razón de ser: invertirse en la tierra donde se producen y beneficiar directamente a la gente", afirmó la mandataria regional.
Tensiones políticas y acusaciones
El anuncio de este decreto, realizado el 9 de febrero, ocurrió en medio de crecientes tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el magistrado Carlos Amargo, a quien el mandatario insinuó que era "irracional" al suspender su anterior decreto de emergencia. Además, Petro ha dirigido fuertes críticas hacia congresistas de los departamentos afectados, acusándolos de hundir la ley de financiamiento del Estado y catalogándolos como responsables directos de la crisis actual.
En su cuenta de X, el presidente afirmó: "Congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico hundieron la ley de financiamiento del Estado y hoy piden recursos para solucionar la crisis del agua que ellos mismos provocaron. Miserables con el pueblo". Estas declaraciones reflejan el clima de confrontación política que rodea la gestión de la emergencia y la búsqueda de soluciones financieras para mitigar los efectos de las inundaciones en las regiones más afectadas.
