En el plazo de un mes, los cuatro fondos privados de pensiones en Colombia deben entregar 25 billones de pesos a Colpensiones, correspondientes al ahorro pensional de más de 120.000 afiliados que se trasladaron al sistema público tras la reforma pensional. Sin embargo, el decreto expedido por el Gobierno ha generado serias dudas sobre la viabilidad financiera, jurídica y administrativa de esta movilización de recursos.
Riesgos financieros del traslado masivo
Analistas advierten que obligar a vender activos de largo plazo en tan poco tiempo podría generar pérdidas significativas, similares a vender una casa en menos de un mes para pagar una deuda. Un especialista financiero señaló que Colpensiones recibe títulos TES, pero la entidad paga pensiones en efectivo y no tiene experiencia en administrar inversiones. “Liquidar tanta plata en poco tiempo genera desvalorizaciones y movimientos en los mercados”, explicó.
Colpensiones no tiene capacidad de gestión
Miguel Largacha, presidente de Porvenir, indicó que Colpensiones carece de una mesa de dinero y del conocimiento necesario para manejar un portafolio de 25 billones de pesos. “No es solo contratar una fiducia, son dineros públicos que requieren cuidado extremo”, afirmó. La Contraloría ya emitió una moción de advertencia sobre el procedimiento.
Posiciones encontradas entre los actores
Juan David Correa, presidente de Protección, calificó el decreto como “absolutamente inconveniente” y contrario a la reforma pensional, que establece que los recursos deben seguir siendo administrados por los fondos privados. Por su parte, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, defendió la medida y aseguró que los dineros se destinarán a respaldar el pago de pensiones a través de cuentas autorizadas y esquemas fiduciarios.
Recursos pendientes y tensiones
Dussán reveló que de los más de 109.000 traslados recientes, cerca de 24.800 ya fueron pensionados, pero los fondos privados no han transferido los recursos correspondientes, lo que asciende a unos 5,5 billones de pesos. En total, se estima que el monto en discusión alcanza los 25 billones, representando uno de los movimientos más relevantes del sistema pensional colombiano en los últimos años.
