Defensa legal de presidente de Ecopetrol se pronuncia sobre proceso fiscal
En medio del proceso investigativo que adelanta la Fiscalía General de la Nación, la defensa del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, ha fijado una posición contundente frente a los cuestionamientos sobre su continuidad en el cargo ejecutivo de la principal empresa petrolera colombiana. La discusión se intensificó tras conocerse la solicitud de audiencia de imputación de cargos, un hecho que reactivó el debate político y jurídico alrededor de la permanencia del directivo al frente de esta entidad estratégica para la economía nacional.
Postura jurídica sobre la imputación de cargos
El abogado defensor Juan David León, representante legal de Ricardo Roa, aseguró categóricamente que desde el punto de vista jurídico no existe una obligación inmediata de renunciar y que toda la situación debe analizarse con base en el debido proceso y el principio constitucional de presunción de inocencia. Las declaraciones fueron entregadas en entrevista exclusiva con el periodista Néstor Morales en el programa Mañanas Blu de BluRadio Colombia.
Según la explicación técnica del jurista, la imputación de cargos no modifica de manera sustancial la situación jurídica de Ricardo Roa ni implica una declaración de responsabilidad penal. "Este acto procesal es apenas una comunicación formal dentro de una investigación y no una condena", precisó León durante la entrevista radial.
Detalles sobre los cargos investigados
La Fiscalía General de la Nación imputaría a Ricardo Roa por dos presuntos delitos específicos que han generado amplia controversia:
- Violación de topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, una conducta tipificada en el Código Penal colombiano desde el año 2016.
- Presunto tráfico de influencias derivado de la compra de un apartamento al ciudadano Serafino Diácono, que según las investigaciones habría sido adquirido por debajo de su valor comercial real.
Frente al segundo punto, el abogado defensor aseguró que la defensa legal ha demostrado exhaustivamente la legalidad de la operación inmobiliaria, presentando trazabilidad bancaria completa y evidencias de que los recursos provenían exclusivamente de las cuentas personales de Ricardo Roa. También recordó que en diciembre del año pasado, el presidente de Ecopetrol rindió interrogatorio voluntario dentro de la investigación preliminar que lleva cerca de tres años en desarrollo.
Cuestionamientos sobre montos y procedimientos
En cuanto a la investigación sobre la campaña presidencial, la defensa cuestionó severamente la falta de claridad sobre los montos que presuntamente habrían superado los topes de financiación electoral. Según versiones preliminares no confirmadas, esta cifra podría superar los 1.500 millones de pesos, aunque el equipo legal de Roa afirma que no existen precisiones contundentes sobre estos valores.
León afirmó que solicitarán formalmente que Ricardo Roa sea escuchado por la Fiscalía para ejercer plenamente su derecho de defensa, garantizando así el principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio colombiano. "La Fiscalía, dentro de nuestro sistema, es una parte procesal más y no una instancia que determine culpabilidad por sí misma", reiteró el jurista durante su intervención mediática.
Posición sobre continuidad en el cargo
El representante legal fue enfático al señalar que "no vemos necesaria la renuncia, aunque es una decisión que está siendo evaluada por él y por el gobierno corporativo de Ecopetrol". Insistió en que hasta el momento la defensa no ha sido notificada formalmente de la imputación y recordó que las investigaciones en contra de su cliente se vienen adelantando desde hace aproximadamente tres años, sin que se haya producido una decisión judicial de fondo que modifique su estatus legal.
La defensa reiteró su disposición total a colaborar con las autoridades judiciales y subrayó que la imputación de cargos no implica automáticamente una condena ni genera inhabilidad para ejercer el cargo de presidente de Ecopetrol. Este posicionamiento jurídico busca mantener el principio de presunción de inocencia mientras avanza el proceso investigativo en los estrados judiciales colombianos.
