Defensoría del Pueblo alerta sobre riesgos para libertad electoral en elecciones 2026
Defensoría advierte riesgos para libertad electoral en 2026

Defensoría del Pueblo advierte sobre graves riesgos para la libertad electoral en próximos comicios

La Defensoría del Pueblo ha presentado el primer Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025, donde se concluye que la respuesta institucional frente a los riesgos para los comicios de 2026 registra un cumplimiento parcial y preocupante. El documento alerta sobre la persistencia de amenazas en diversas regiones del país debido al afianzamiento de estructuras armadas ilegales que podrían afectar el libre desarrollo del proceso electoral.

Preocupación central: condiciones de libertad, no realización de elecciones

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó con claridad que la preocupación institucional "no es sobre la realización de la jornada de las elecciones", sino sobre "la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país". Según sus declaraciones, el riesgo real no radica en la cancelación de las votaciones, sino en "la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones" que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados.

Cumplimiento parcial de recomendaciones y aumento de municipios en riesgo

El informe detalla que, de las once recomendaciones emitidas en la alerta temprana original, el cumplimiento general apenas alcanza el 42 por ciento, mientras que la desatención a las recomendaciones llega al preocupante 58 por ciento. La recomendación más rezagada, con cero cumplimiento, corresponde al fortalecimiento y respaldo a las organizaciones políticas, aspecto fundamental para la democracia.

En cuanto a los niveles de cumplimiento por áreas específicas:

  • Prevención y protección: 52% de avance
  • Investigación y acceso a la justicia: 55%
  • Acciones de la fuerza pública: 65%
  • Articulación interinstitucional: 29%
  • Gestiones preventivas del Ministerio Público: 65%

El informe también reporta un aumento significativo en municipios que requieren atención inmediata:

  1. Acción inmediata: aumentó de 62 a 69 municipios
  2. Acción urgente: pasó de 162 a 168 municipios
  3. Acción prioritaria: incrementó de 425 a 433 municipios
  4. Observación permanente: se redujo de 216 a 195 municipios
  5. Acción ordinaria: se mantuvo en 257 municipios

Regiones más afectadas y modalidades de coacción electoral

La coacción electoral se concentra principalmente en tres macrorregiones del país:

  • Caribe
  • Noroccidente
  • Suroccidente

Estas regiones incluyen departamentos con alto riesgo como Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Según explicó la defensora Marín, "los grupos armados definen en algunas zonas 'reglas' donde se condiciona el comportamiento electoral de la población civil". En el noroccidente, específicamente en Córdoba y Antioquia, el Clan del Golfo consolida un control hegemónico de baja visibilidad pero con alta capacidad de regulación social y electoral.

Violencia contra líderes sociales y actores políticos

El Informe de Seguimiento documenta 457 casos de amenazas de muerte contra lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral. Los departamentos con mayor gravedad en esta materia son:

  • Santander
  • Guainía
  • Nariño
  • Sucre
  • Antioquia
  • Magdalena

Nuevas recomendaciones y llamado a la acción institucional

Ante esta compleja situación, la Defensoría del Pueblo formuló nueve nuevas recomendaciones y reiteró el llamado urgente al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para fortalecer la respuesta institucional y garantizar condiciones reales de participación política en las elecciones de 2026.

La defensora Iris Marín Ortiz enfatizó la necesidad de una acción coordinada y efectiva para proteger el ejercicio democrático en todas las regiones del país, especialmente en aquellas donde la presencia de grupos armados ilegales representa una amenaza constante para la libertad electoral de los ciudadanos.