Defensoría del Pueblo advierte sobre graves riesgos en proceso electoral colombiano
La Defensoría del Pueblo, bajo el liderazgo de Iris Marín, presentó un preocupante informe de seguimiento sobre la alerta temprana electoral emitida en octubre de 2025. A solo dos semanas de las elecciones para Congreso y las consultas presidenciales, la entidad defensora de derechos humanos reveló que el cumplimiento de sus recomendaciones al Estado para garantizar elecciones en paz es parcial e insuficiente.
Panorama alarmante de violencia y control territorial
El documento detalla que entre octubre de 2025 y la actualidad se han registrado 457 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral. "El escenario de riesgo persiste con el afianzamiento de las gobernanzas armadas ilegales", señaló la Defensoría, explicando cómo grupos criminales suplantan funciones estatales, regulan campañas políticas y vetan candidaturas en diversas regiones.
Los departamentos con mayor alerta incluyen:
- Santander
- Guainía
- Nariño
- Sucre
- Antioquia
- Magdalena
Municipios en máxima alerta y deficiente respuesta estatal
La Defensoría clasificó los municipios según su nivel de riesgo electoral:
- 69 municipios requieren "acción inmediata" por condiciones graves
- 168 municipios necesitan medidas urgentes
- 433 municipios exigen acciones prioritarias
El informe revela que el Estado solo ha avanzado en el 42% de las recomendaciones realizadas el año pasado, dejando un 58% de tareas pendientes a pocos días de las votaciones. Particularmente crítica es la situación del fortalecimiento comunitario y organizativo, donde los avances calculados por la entidad son del 0%.
Grupos vulnerables y llamados urgentes
Los principales afectados por esta situación incluyen:
- Firmantes del Acuerdo de Paz
- Líderes sociales y defensores de derechos humanos
- Mujeres en contextos de riesgo
- Periodistas
- Servidores públicos
La Defensoría hizo un llamado contundente a las autoridades para garantizar seis puntos clave antes del 8 de marzo, incluyendo:
"Que el Estado actúe de manera organizada, rápida y efectiva frente a los riesgos electorales", solicitó específicamente al Ministerio del Interior. También exigió planes claros con responsables definidos, medidas para frenar el control de grupos armados, y protección integral para candidaturas y población en riesgo.
Preocupación central: libertad electoral, no realización
Iris Marín, defensora del Pueblo, enfatizó que la preocupación no se centra en la realización técnica de las elecciones, sino en las condiciones de libertad para su desarrollo. "Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país", declaró, advirtiendo sobre el riesgo de consolidar una democracia meramente formal en regiones donde las comunidades enfrentan silencio obligado ante la gobernanza armada.
La funcionaria destacó casos específicos como la subregión de Sabanas en Sucre, donde grupos armados presionan administraciones municipales para impulsar candidaturas afines a sus intereses estratégicos. Este patrón se repite en múltiples territorios donde la gobernabilidad local se ve severamente debilitada por la influencia de estructuras criminales.
Finalmente, la Defensoría instó a investigar y judicializar a responsables de delitos electorales, fortalecer la participación ciudadana sin barreras, y mantener vigilancia institucional constante. El panorama descrito evidencia un desafío significativo para la democracia colombiana en vísperas de cruciales procesos electorales.
