El lunes 11 de mayo, el presidente Gustavo Petro pidió, a través de su cuenta personal de X, "demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente" del fallo del Consejo de Estado que suspendió el Decreto 415 de 2026. Con ese decreto, el Ejecutivo pretendía trasladar cerca de 25 billones de pesos desde las administradoras privadas de pensiones a Colpensiones. Petro consideró que la decisión se profirió "a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente", en referencia al magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, de la Sección Segunda del alto tribunal.
Este episodio marcó un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y las cortes. Por primera vez en el cuatrienio, el mandatario pasó de los cuestionamientos públicos y políticos contra los jueces a solicitar explícitamente una denuncia penal contra un magistrado por el contenido de una providencia judicial. La reacción institucional no tuvo antecedentes recientes. En menos de 48 horas se pronunciaron la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala Plena del mismo tribunal, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, el procurador Gregorio Eljach, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y sectores de jueces y magistrados. La CEJ anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría de Naciones Unidas para la Independencia Judicial para solicitar medidas de protección a favor del magistrado Bedoya Escobar y de la Rama Judicial.
Un patrón que se consolidó en cuatro años
La revisión de los principales fallos adversos al gobierno Petro muestra un patrón repetido: cada vez que una alta corte frenó una medida del Ejecutivo, el primer mandatario respondió con declaraciones, trinos o alocuciones en las que cuestionó la decisión judicial, atribuyó motivaciones políticas o económicas a los magistrados y señaló la existencia de intereses de "banqueros", "élites" o sectores económicos detrás de las providencias.
Hernando Herrera, director de la CEJ, afirmó que "durante todos estos cuatro años prácticamente no hubo semana en la que no criticara, fustigara de manera irresponsable a la rama, utilizando todo tipo de epítetos, de términos irresponsables, hostigándolos, acosándolos". El presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Hermens Lara, ubicó la confrontación en un contexto regional: "Los ataques permanentes que ha tenido Petro son iguales a los de Andrés Manuel López Obrador en México, o a los del presidente Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, para minar las democracias en esos países". Para Lara, el trasfondo es "tener en su bolsillo, sea él o cualquier otra persona, las cortes, los jueces, los órganos de control, tal y como los tenía Chávez en Venezuela".
Los hitos de la confrontación
El primer gran choque ocurrió en octubre de 2023, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 1085, con el que el Ejecutivo había declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. En mayo de 2024, la Corte tumbó la Ley 2281 de 2023 que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad. En septiembre de 2024, el choque alcanzó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pero el episodio que convirtió la confrontación en una disputa permanente fue la reforma pensional.
El 17 de junio de 2025, la Corte Constitucional suspendió la Ley 2381 de 2024 mediante el Auto 841, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, al encontrar vicios de trámite. Desde entonces, la Presidencia presentó al menos seis recusaciones contra Ibáñez, todas rechazadas. En febrero de 2026, Petro afirmó: "El magistrado que no quiere ayudar a los viejos será derrotado, ojalá".
Entre mayo y julio de 2025, la Corte tumbó cinco decretos expedidos durante la conmoción interior en el Catatumbo. Petro respondió: "Por encima de cualquier criterio jurídico está el principio esencial del Estado a proteger la vida de sus conciudadanos". En julio de 2025, el Consejo de Estado le ordenó retractarse por llamar "criminal" al dueño del grupo Keralty. La Corte Constitucional también le ordenó retractarse por llamar a un grupo de periodistas "muñecas de la mafia".
En abril de 2026, la Corte Constitucional tumbó el Decreto Legislativo 1390 de 2025, con el que el Ejecutivo buscaba recaudar 11 billones de pesos. Petro respondió: "Nos quieren ahorcar". Días después, el 6 de mayo de 2026, el Consejo de Estado suspendió el Decreto 0182 que ordenaba el traslado forzoso de usuarios entre EPS. Petro escribió: "El Consejo de Estado aquí le hace grave daño a la salud".
El último choque
El 11 de mayo, con el fallo que suspendió el traslado de 25 billones de pesos pensionales a Colpensiones, el enfrentamiento llegó a un nuevo punto. Petro sostuvo que el magistrado Bedoya Escobar había actuado "a favor del interés de los banqueros" y pidió denunciarlo penalmente por prevaricato. En una cadena de mensajes, insistió en que el Presidente tenía "la obligación constitucional" de denunciar lo que consideraba un delito. "Jamás se puede permitir golpes del Estado contra la dignidad del pueblo", escribió.
El Consejo de Estado defendió la independencia judicial y rechazó los señalamientos. El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, señaló que "no es normal que se agreda a una de las ramas del poder". Petro respondió que "varios magistrados me han cuestionado incluso groseramente y solo respondo con argumentos".
La internalización del conflicto
La novedad del episodio Bedoya no está solo en la dureza del pedido presidencial sino en la respuesta institucional. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial emitió un pronunciamiento conjunto recordando el artículo 113 de la Constitución sobre separación de poderes. El Consejo de Estado señaló que el "tono incendiario del primer mandatario" exigía una respuesta institucional y advirtió que "la desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional". La CEJ decidió acudir a organismos internacionales para solicitar medidas cautelares de protección para los magistrados y un monitoreo permanente de la situación.
Quedan menos de tres meses de Gobierno y la pregunta es qué se podrá reparar. Herrera no es optimista: "El estado en el que quedan las relaciones entre el ejecutivo y la rama judicial es precisamente de alto desprecio por el Presidente". Mientras tanto, en la Sección Segunda del Consejo de Estado, el magistrado Bedoya Escobar mantiene su despacho abierto y los recursos de súplica del Gobierno a la espera de decisión. En la Corte Constitucional, la magistrada Paola Meneses tiene el expediente de la reforma pensional. Y en X, la cuenta @petrogustavo sigue activa.
