Delcy Rodríguez activa desmontaje de programas sociales del chavismo en Venezuela
Mediante el Decreto N.º 5.248, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.985 con fecha del 9 de febrero, Delcy Rodríguez, encargada del Gobierno de Venezuela, ha oficializado una profunda reforma institucional del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. Esta medida implica el cese de funciones y el inicio del proceso de liquidación de diversos organismos y programas que dependían directamente de esta cartera.
Cambios irreversibles en la estructura del Estado
"Comienza la eliminación progresiva de las misiones como herramientas político-administrativas de trabajo. Son cambios irreversibles en marcha", explicó el politólogo Daniel Árias. Estos organismos fueron creados, en su mayoría, durante los periodos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y se desconoce el presupuesto que manejaron, cómo ejecutaron sus proyectos y quiénes fueron los beneficiados.
La reestructuración impacta a instituciones clave de seguridad, proyectos sociales y movimientos políticos, representando una transformación significativa en la arquitectura institucional venezolana que había permanecido prácticamente inalterada durante décadas.
Organismos y misiones afectados por la medida
La medida ordena la liquidación de varios organismos adscritos a la Presidencia y redistribuye sus funciones dentro del Ejecutivo venezolano. Entre las instituciones afectadas destacan:
- Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa): instancia de inteligencia y seguridad creada en 2013.
- Fundación José Félix Ribas (Fundaribas, creada en 1986): sus competencias serán absorbidas por la Fundación Misión Negra Hipólita.
- Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra” (2016).
- Fundación Propatria 2000.
- Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales.
- Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa.
Reubicación de competencias y ejecución del decreto
El decreto establece que las responsabilidades de los entes suprimidos serán asumidas por otros organismos del Ejecutivo. Un cambio particularmente relevante es el traslado de la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, que pasará a estar bajo la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para gestionar esta compleja transición, se designará una junta interventora encargada de llevar adelante el proceso administrativo de cierre, realizar el inventario y la revisión de bienes, y garantizar la adecuación institucional necesaria para que las funciones redistribuidas operen con normalidad.
La normativa entró en vigor de manera inmediata tras su publicación oficial, marcando un punto de inflexión en la administración pública venezolana y en la estructura del chavismo como movimiento político y social.
