El preocupante desafuero institucional del presidente Petro sobre la Fiscalía
El rol que ha pretendido ejercer el presidente Gustavo Petro sobre la Fiscalía General de la Nación es profundamente preocupante, pues evidencia un reiterado y sistemático desafuero institucional que amenaza los fundamentos del Estado de derecho colombiano. Esta situación, sin embargo, conmina a analizar desafíos constitucionales de largo alcance y a revisar episodios históricos que no son exclusivos del sistema presidencial colombiano, sino que encuentran paralelos preocupantes en otras democracias.
Lecciones desde Estados Unidos: Nixon y el 'Saturday Night Massacre'
En Estados Unidos, por ejemplo, se documentan casos emblemáticos donde algunos presidentes también han buscado socavar la legitimidad y autonomía de instituciones judiciales clave. La disputa entre el presidente Richard Nixon y el fiscal general Elliot Richardson muestra este tipo de desafueros con claridad meridiana. Como es ampliamente conocido, Nixon afrontó el escándalo de Watergate, cuya investigación estuvo a cargo del fiscal especial Archibald Cox.
Abusando de manera flagrante de sus poderes constitucionales, Nixon ordenó la remoción inmediata de Cox, pero Richardson desafió tal orden de manera valiente y renunció a su cargo en señal de protesta. Nixon escaló entonces su petición ante William Ruckelshaus, quien ocupaba el segundo al mando, pero este funcionario también se negó rotundamente a despedir al fiscal y dimitió como respuesta contundente.
Estas sucesivas renuncias fueron conocidas históricamente como "The Saturday Night Massacre", promoviendo un descontento nacional creciente que hizo completamente insostenible la permanencia de Nixon en el cargo presidencial. Truncada definitivamente su suerte política por el pretendido ejercicio despótico de sus funciones, el Congreso estadounidense decidió entonces avanzar con el proceso de impeachment que finalmente motivó la renuncia histórica de Nixon.
Bush y el polémico 'Surveillance Program'
Implementado secretamente por el presidente George W. Bush después de los atentados del 11 de septiembre, el "Surveillance Program" revela otro episodio similar de sobrepaso presidencial. En diciembre de 2005, el New York Times publicó en primicia mundial que este programa había permitido la interceptación masiva de llamadas telefónicas y correos electrónicos sin la autorización previa de un juez, generando una discusión constitucional profunda sobre los límites reales del poder presidencial en tiempos de crisis.
Las dudas fundamentales sobre la legalidad del programa ya habían surtido intensas discusiones internas entre el Departamento de Justicia y asesores cercanos al presidente Bush. El caso más sonado se presentó cuando el fiscal general John Ashcroft se encontraba hospitalizado y el asesor presidencial Alberto Gonzales lo visitó para presionarlo a certificar la legalidad del cuestionado programa. El fiscal general Ashcroft se rehusó con firmeza y amenazó explícitamente con renunciar, lo que impuso mayores presiones políticas al ejecutivo estadounidense.
Paralelos preocupantes en el caso colombiano
Por cuenta del malhadado reclamo de inexistentes poderes constitucionales, el presidente Petro ha mostrado posturas preocupantemente similares. Basta recordar con precisión cuando intentó erigirse como el jefe directo del fiscal general, para lo cual esgrimió una interpretación abusiva y forzada del texto constitucional superior. Francisco Barbosa, en respuesta inmediata, avivó el debate nacional al señalar las notorias debilidades argumentativas y los excesos evidentes del poder ejecutivo.
Aunque la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha mantenido una postura cauta frente a las tropelías del ejecutivo, su rol institucional requiere firmeza constitucional y autonomía plena. No es dable en absoluto que se ejerzan jefaturas ficticias sobre órganos autónomos, tampoco desvíos de poder para afectar el desempeño independiente de una institución vital en la arquitectura constitucional de Colombia.
Los anteriores casos históricos subrayan con urgencia la importancia de fortalecer los límites al poder que detenta el presidente, consolidando la división de poderes en beneficio de la democracia constitucional colombiana. La lección es clara: cuando los presidentes sobrepasan sus atribuciones y pretenden controlar instituciones autónomas, el sistema democrático completo se encuentra en riesgo inminente.
