La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha solicitado al Congreso de la República dar continuidad urgente al trámite del proyecto de ley del Régimen Sancionatorio Aduanero, tras el aplazamiento de su primer debate en las comisiones segundas conjuntas. La entidad advierte que el país enfrenta plazos estrechos y que una demora podría generar un vacío constitucional que afectaría la lucha contra el contrabando y el control del comercio exterior.
Plazos legislativos ajustados
El pronunciamiento de la Dian se produce después de que, a pesar de una votación positiva de la ponencia unificada, se anunciara que la sesión continuaría en otro momento. Para la entidad, el calendario legislativo es determinante, ya que el nuevo régimen debe ser sancionado por el Presidente de la República a más tardar el 20 de junio. Antes de esa fecha, el proyecto debe completar sus votaciones y aprobación en el Congreso.
Carlos Emilio Betancourt, director general de la Dian, señaló que el Gobierno confía en la responsabilidad del Legislativo para sacar adelante esta norma clave para el comercio exterior. "Confiamos en el compromiso de las comisiones segundas para que efectivamente sea citada la sesión de continuación lo más pronto posible y se puedan cumplir estos términos perentorios", afirmó el funcionario.
La urgencia tiene un punto concreto: según la Dian, el proyecto debe completar su trámite antes del 10 de junio para que pueda ser sancionado dentro del plazo previsto. De lo contrario, el país quedaría expuesto a un escenario jurídico delicado, ya que el actual Régimen Sancionatorio Aduanero solo estará vigente hasta el 20 de junio de 2026, por decisión de la Corte Constitucional.
Riesgo de vacío constitucional
La sentencia C-072 de 2025 dejó en manos del Congreso la responsabilidad de expedir una ley que regule esta materia. Por eso, la Dian insiste en que no se trata solo de un trámite legislativo más, sino de una decisión con efectos directos sobre la capacidad del Estado para ejercer autoridad aduanera y proteger la legalidad en las operaciones de comercio exterior.
Betancourt fue enfático al advertir las consecuencias de no contar con el nuevo marco normativo. "Sería un escenario realmente grave, pues el país estaría en condiciones de imposibilidad de ejercer el control aduanero", dijo. Según explicó, acciones como aprehensiones, decomisos y liquidación de sanciones no se podrían adelantar si el régimen pierde soporte constitucional.
Ese riesgo, agregó el funcionario, tendría impacto tanto para la institucionalidad como para quienes cumplen la ley. En su concepto, entrar en un estado inconstitucional del régimen vigente generaría una "imposibilidad de ejercer la autoridad aduanera en el país", situación que calificó como "inaceptable, inconveniente y realmente grave" para el comercio exterior colombiano y para la economía formal.
Impacto en el comercio exterior
La Dian señaló que el papel del Congreso es fundamental como garante del interés público, especialmente porque la norma incide en la legalidad y la competitividad del comercio exterior. Por tanto, la entidad solicitó que no se dilate la aprobación de la iniciativa y que se preserve la continuidad del debate dentro de los tiempos que permite el calendario legislativo.
La ponencia unificada radicada ante el Congreso, según el Gobierno, recoge un consenso alrededor de la necesidad de contar con un régimen sancionatorio moderno, claro y proporcional. Ese marco busca fortalecer el control aduanero, enfrentar prácticas como el contrabando y el fraude, y ofrecer mayor seguridad jurídica a los actores que cumplen con la normatividad vigente.
Para la Dian, la discusión legislativa también tiene una dimensión económica. Un régimen sancionatorio aduanero define herramientas para actuar frente a operaciones irregulares y, al mismo tiempo, respalda a quienes participan legalmente en el comercio. Por eso, la entidad considera que su aprobación contribuye a proteger la economía formal, el interés general y las condiciones de competencia en el país.
Por ahora, el tiempo legislativo se agota y el costo de una demora puede ser alto. La Dian confía en la voluntad política del Congreso, pero advierte que la continuidad del trámite es indispensable para evitar un vacío normativo que debilite la lucha contra el contrabando y comprometa la autoridad aduanera nacional.
