Altas Cortes colombianas en encrucijada ante declaratorias de emergencia del gobierno
Durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), las altas cortes del país han enfrentado una exigencia constante, aunque afortunadamente han mantenido su diligencia en las tareas de control judicial. La administración actual ha realizado cinco declaratorias de excepción, incluyendo emergencias económicas y estados de conmoción, argumentando supuestos hechos sobrevinientes en materia ambiental-social y falta de recursos para enfrentarlos.
Declaratorias inconstitucionales y falta de ruta gubernamental
La mayoría de estas declaratorias fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, al considerar que se trataba de hechos recurrentes que el gobierno debía enfrentar de manera estructural y diligente. Ejemplos claros incluyen la provisión de energía y la lucha contra la pobreza en La Guajira, problemas que requieren soluciones de fondo más que medidas excepcionales.
El gobierno actual muestra una notable falta de claridad en áreas cruciales como energía, salud pública e infraestructura, donde los ministros designados llegan a aprender sobre la marcha, pero muchos abandonan sus cargos antes de cumplir 18 meses en el oficio.
Presupuesto disponible y discrecionalidad en el gasto
La opinión pública posiblemente desconoce que todo presupuesto anual reserva partidas importantes para enfrentar calamidades recurrentes, como las inundaciones en La Mojana de Bolívar. Cuando estas situaciones superan ciertos umbrales, como ha ocurrido en la zona del río Sinú en Córdoba, un gobierno diligente siempre tiene la opción de redirigir partidas presupuestales para atenderlas, proceso que normalmente ocurre durante el primer semestre del año.
Sin embargo, el gobierno petrista ha preferido aprovechar coyunturas para gastar discrecionalmente, con evidentes propósitos electorales y sin la obligación de realizar procesos de licitación al amparo de figuras como la "emergencia económica".
Última declaratoria de emergencia y sus implicaciones
Las altas cortes deben examinar cuidadosamente la información disponible al evaluar la más reciente declaratoria de emergencia, que busca recaudar aproximadamente 8 billones de pesos mediante tarifas exageradas de impuesto patrimonial aplicadas a grandes empresas y universidades, llevando tasas efectivas hasta el 50%.
Con una tasa "normal" del 35% de impuesto a la renta (y 38% para los sectores minero-energético y financiero), Colombia ya se ubicaba entre los países menos atractivos para la inversión extranjera según mediciones de la OCDE. Esta situación hace improbable que el país pueda elevar nuevamente los niveles de inversión del 16% al 23% del Producto Interno Bruto.
Amenazas adicionales al sector productivo
No contento con frenar la actividad económica empresarial, el gobierno también ha amenazado con implementar inversiones forzosas en el sector agrícola. La inversión agrícola en Colombia había caído a ritmos del -3% anual al cierre de 2025, y aunque se repiten anuncios de supuestos impulsos crediticios, el desequilibrio fiscal y el exagerado ajuste del salario mínimo estarán forzando al Banco de la República a llevar su tasa de intervención hacia el 11,5%.
Esta situación hará difícil que el crédito pueda apalancar adecuadamente la economía nacional. Colombia arriesga desplomar su crecimiento potencial del 4% anual que mantenía hace dos décadas a solo 2% anual durante el período 2026-2030, de continuar bajo políticas consideradas de izquierda.
Necesidad de mayor enfoque en pronunciamientos judiciales
Los pronunciamientos de las altas cortes deberían tener mayor precisión para evitar que gobiernos populistas continúen utilizando el expediente de las vías de hecho. Incluso si la motivación de emergencia fuera realmente sobreviniente, las cortes deben aplicar rigurosamente su criterio de "proporcionalidad", pues la magnitud del impuesto patrimonial (incoherente en el tiempo) desborda la capacidad de muchas empresas, amenazando su viabilidad al obligarlas a vender activos para poder cumplir con el pago.
Lecciones del Consejo de Estado
Esta "proporcionalidad" también aplica a la suspensión que realizó el Consejo de Estado del exagerado reajuste del 18% real en el salario mínimo para 2026. Lo apropiado hubiera sido entregar un dictamen al gobierno fijando rangos permisibles para dicho reajuste (entre 7% y 12%), sustentado precisamente en mediciones de inflación y productividad señaladas por la Ley 278 de 1996.
Al no precisarle al gobierno que las "invocaciones de salario vital" no eran medibles cuantitativamente, el Consejo desperdició una oportunidad histórica para evitar reajustes astronómicos que podrían alcanzar hasta el 50% bajo futuros gobiernos populistas. La lección operativa evidente es que dicho Consejo deberá estar dispuesto a sesionar durante períodos de "vacancia judicial", para evitar la aplicación inmediata de ajustes salariales que generen hechos laborales irreversibles.
